En representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la Consejería Jurídica estatal interpuso recursos de revisión en los juicios de amparo 1094/2023 y 1096/2023, promovidos por doce padres de familia en contra de la impresión y distribución de los Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, en los niveles educativos preescolar, primaria y secundaria del Estado de México.
Donde el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó a los jueces tercero y cuarto de distrito otorgar la suspensión de los actos de las autoridades educativas federales y estatales para el efecto de que “… los alumnos que cursan los grados de segundo a tercero de preescolar, primero a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, de las instituciones de educación pertenecientes al Estado de México, no se les distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, o bien, en caso de haberse entregado, no utilicen o aprovechen los mismos, …”.
Esta resolución afecta la enseñanza de la totalidad del alumnado de nivel básico al privarlos de una educación completa y de calidad, obstaculizando el buen funcionamiento del diseño pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana, no obstante que quienes solicitaron el amparo fueron únicamente 12 padres de familia; consideraciones que los magistrados federales no tomaron en cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos de las autoridades educativas estatales.
Lo anterior con base a los lineamientos que en los recursos de queja 343/2023 y 344/2023 les precisó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, integrado por los magistrados Isidro Manuel Muñoz Acevedo, Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas (Secretario en funciones de Magistrado), para que la suspensión de los actos de las autoridades educativas tuvieran efectos generales en millones de educandos y no únicamente en los hijos de quienes promovieron el amparo, violando las reglas básicas del juicio de amparo que sólo es procedente a petición de la parte afectada.
La orden del Tribunal Colegiado a los jueces de distrito daña gravemente a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, a quienes en un 85% ya se les han entregado los libros de texto gratuito, afectando gravemente su derecho a la educación protegido por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La actual administración reitera su compromiso con las niñas, niños y adolescentes mexiquenses a acceder a su derecho a una educación basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana y el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad.
La determinación judicial viola este derecho de millones de educandos, al prohibirles el uso de 9 millones 804 mil 777 libros de texto gratuitos que ya se encuentran en sus manos; trastocando además su libertad de pensamiento y expresión en su vertiente de poder elegir con entera libertad qué material o lecturas adoptar en su formación personal.
En la decisión de los magistrados federales prevalece la ideología de unos pocos sobre la libertad de pensamiento de millones de alumnos, padres de familia y maestros.
Los magistrados federales intentan imponer además una carga económica desproporcionada a las familias y al sistema educativo estatal al sugerir “la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo inmediato anterior (2022-2023)”, omitiendo analizar y considerar las condiciones económicas de las familias mexiquenses y la ausencia de previsión presupuestal de las autoridades educativas para reimprimir millones de libros.
El Gobierno del Estado de México ve con preocupación la recurrente injerencia de las autoridades judiciales federales en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado Mexicano, que constitucionalmente sólo competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
En este sentido, el Gobierno del Estado de México respetuosamente exhorta a los jueces y magistrados federales a ser sensibles a la realidad social del país y emitir sus resoluciones respetando los marcos competenciales de los Poderes de la Unión y de los Estados, limitando su actuación a lo que la Constitución les encomienda para lograr una verdadera justicia en los casos sujetos a su jurisdicción.