El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Sergio Javier Medina Peñaloza, rechazó que la entidad tenga el primer lugar de impunidad en el tema del Poder Judicial, aunque reconoció un déficit en el número de jueces, ya que hay 2.8 por cada 100 mil habitantes, lo que coloca al estado por debajo de la media de Latinoamérica que es de ocho por cada 100 mil habitantes.
Explicó que, pese al decir de jueces, ellos están cumpliendo y dando resultados en los dictámenes.
Lo anterior se desprende de la publicación Global de Impunidad 2018 presentada por Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP); ante ese señalamiento Medina Peñaloza comentó que “los jueces todos los días estamos más comprometidos, preparados y evitamos impunidad y además aplicamos de manera más correcta la ley”.
Comentó que en el Poder Judicial el área penal es la que cuenta con más impartidores de justicia, pues son 200; mientras que en menor cantidad en materia familiar, donde se registra un fenómeno mayor con los casos de divorcio y patria potestad de los hijos, que en la actualidad es alarmante.
“Hay temas que corresponden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y ésta decide cuáles casos se judicializan o no, y dentro del trabajo que le corresponde a los jueces, está la evaluación de las pruebas que dan las partes para emitir sentencia y si éstas son bajas, no es sólo por el trabajo de la Fiscalía, sino por el de los abogados, que a veces tienen o no razón”, explicó.
Medina Peñaloza negó categóricamente que los jueces no estén trabajando, por el contrario, dijo que son los más capacitados para resolver los casos que se les presentan, aunque son pocos para atender la demanda. En ese sentido, adelantó que en próximas fechas se homologarán los juzgados a fin de que sean más operativos.
Urge capacitación
Por otra parte, el titular del TSJEM opinó que para evitar que se atropellen los derechos humanos de los ciudadanos, se necesitará una capacitación exhaustiva a los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró constitucionales las revisiones sin orden de un juez si es que existe una sospecha razonable de delito.
“Habrá que capacitar sumamente a quienes operen estos proyectos para que se den los resultados que la ciudadanía espera, todos queremos seguridad, aspiramos siempre a la seguridad, la Corte por eso toma en cuenta este criterio que en principio habla de ofrecer seguridad y protección para todos, simplemente habrá que bajar las capacitaciones”, afirmó el magistrado.
“No lo veo mal, pero finalmente habrá que cumplir ciertos criterios de respeto y de protección de derechos humanos. No lo veo mal. Seguramente habrá unos lineamientos de trabajo, partirá de éstos porque es imperativo para todas las instalaciones el respeto fundamental a los derechos humanos. Todos los poderes implican responsabilidades y habrá que atender perfectamente estas responsabilidades”.
Consideró que se deberá capacitar a quienes participen en las revisiones, a fin de dar los resultados esperados; recalcó que “todos queremos y aspiramos a la seguridad, por eso se establece dicho criterio, por ello debe aterrizar esa situación para que la conducta de los servidores que intervengan sea la adecuada y sobre todo, respetuosa”.
Problema no sólo concierne a la autoridad: politóloga
El que exista impunidad en el país, es un indicador negativo en todos los sentidos, afecta a ciudadanos e instituciones y da la pauta para que se perciba la ausencia de justicia generalizada, comentó Guillermina Díaz Pérez, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Tras darse a conocer que el Estado de México encabeza la lista de las entidades con niveles altos de impunidad, según el Índice Global de Impunidad 2018 de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), la especialista indicó que las autoridades mexiquenses deben “realizar un análisis profundo, de la mano con especialistas, para generar una propuesta en materia de seguridad”.
Expuso que se deben “generar condiciones para que las autoridades sean difíciles de corromper y tengan compromiso en lo que están haciendo”.
Sin embargo, la especialista puntualizó que el tema de la impunidad no sólo es una llamada de atención a las autoridades, ya que, lamentablemente, “ésta manda el mensaje a quien comete delitos, les de que no hay quién los detenga y sí hay quien los proteja”.
“Hay gente que no está empleada y fácilmente las cuestiones no legales son las que más le atraen, entonces vemos ahora que ya no es sólo la cuestión del crimen organizado, ya son asaltos afuera de las universidades, en cualquier lugar y sin castigo alguno”, expuso. Finalmente, enfatizó que sólo “cuando exista un estado de derecho en donde la ley se lleve sin discusión alguna, podríamos aspirar a una sociedad más libre”.
“Que cada quien haga lo que le competa”
Ante la mira que se tiene en el Estado de México por ser catalogado como una de las entidades con mayor impunidad, es necesario que quienes se encargan de impartir justicia sean suficientes y estén bien capacitados a fin de que a su vez, se contribuya a incentivar la cultura de la denuncia y a poner un freno a los actos delictivos, destacó Eduardo Rodríguez Manzanares, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Asimismo, el catedrático indicó que si bien la entidad se encuentra dentro de los cinco estados con mayor marcaje en cuanto a los problemas que le están pegando fuerte a la sociedad, también es justo reconocer que la ciudadanía no ha hecho bien el papel que le corresponde de ir a denunciar ante las autoridades correspondientes.
Es “exagerado” el señalamiento en contra del Estado de México
Joaquín Rodriguez Lugo, presidente del Colegio de Abogados del Valle de México consideró que es exagerado opinar que el Estado de México sea la entidad con mayor impunidad, porque es la entidad más poblada con más de 17 millones de habitantes y a diferencia de otras, sí ha tenido progreso en esta materia.
Entrevistado luego de que el Índice Global de Impunidad 2018, presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ha difundido de acuerdo a Estudios, que la entidad mexiquense es donde los niveles de impunidad son mayores.
Dijo que la corrupción se da como consecuencia de la impunidad y se encuentra en cualquier lugar, en el sector privado, en el sector público, en las escuelas, en los municipios y en los estados.
La corrupción no es privativo del Estado de México, lo tiene todo el país y tal parece que es un deporte nacional, pero es consecuencia de la falta de educación; en segundo lugar la falta de planeación, somos un país de ocurrencias, tanto a nivel estatal y federal; en tercer lugar, la corrupción que va acompañada por la impunidad y no pensamos que la entidad predomine la corrupción.
Dijo que no es lo mismo comparar al Estado de México con las otras entidades, sobre todo, porque es la más poblada con 17 millones de habitantes, ha tenido excelentes gobernadores que han cumplido las demandas de la ciudadanía.
Asimismo, afirmó que además es una entidad receptora de la gente de otras entidades, como Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Querétaro, Michoacan, entre otras, donde mucha gente que viene son analfabetas y no tienen la cultura de la denuncia.
Otro de los problemas que se enfrentan es la burocracia en la Fiscalía, donde mucha gente no acude a ratificar sus denuncias y muchos delitos quedan impunes.
La percepción ciudadana respecto del tema de la corrupción es sólo en una dirección: por conveniencia, la gente echa toda la culpa de las malas practicas a los responsables de la seguridad, de las dependencias de gobierno o a los funcionarios, sin tomar en cuenta que las actividades de corrupción requieren de dos partes.
Denuncia, la clave para el combate a la corrupción
Empresarias coincidieron en que la inseguridad y corrupción son detonantes de la impunidad y para erradicarla, autoridades deben transparentar sus acciones, y la ciudadanía participar con sus denuncias.
Luego de la publicación del Índice Global de Impunidad 2018, presentado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), que coloca al Estado de México a la cabeza de las entidades que tienen los niveles más altos de impunidad, el sector empresarial mexiquense consideró que para mitigar esa situación, urge que se fomente la cultura de la denuncia.
María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México, indicó que el tema de la impunidad debe ser entendido como el resultado de la corrupción, y no sólo compete a las autoridades u órganos de gobierno, sino también a las empresas y a la ciudadanía en general. Para abatirlo, se requiere generar una política interna enfocada en la transparencia, por un lado y por otro, apostar a denunciar cualquier acto, para que éste no quede sin castigo o juicio.
Señaló que el país enfrenta un panorama de seguridad complicado, donde a pesar de lograr avances, la inseguridad todavía afecta la vida diaria de millones; sin embargo, aún es tiempo de esperar resultados de las reformas implementadas en los últimos años en elseguridad e impartición de justicia.
Por su parte, Laura González Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, lamentó ese tipo de noticias, ya que la seguridad es la mayor demanda de la sociedad, no obstante, la ciudadanía debe poner de su parte para abatir esos señalamientos.
Precisó que falta fortalecer la cultura de la denuncia, pero también el compromiso por parte de los mexiquenses y las autoridades para dar seguimiento a casos denunciados y terminar el proceso.