Que existan personas injustamente privadas de la libertad por delitos de alto impacto que no cometieron, habla de la crisis en materia de Derechos Humanos que se vive en el Estado de México, señaló el diputado Max Correa, impulsor de la Ley Amnistía en la entidad.
Ante el plantón de madres y familiares de injustamente presos que se mantiene afuera del Palacio de Gobierno, el diputado dio a conocer que no rebasan los dos dígitos el número de amnistías otorgadas a personas privadas de su libertad, acusadas de haber cometido delitos de alto impacto, de las más de 700 solicitudes que llegaron al Congreso local, en la pasada Legislatura.
Esto, señaló, es debido a la falta de sensibilidad política de las autoridades estatales para construir paz y justicia para la gente.
Max Correa, reconoció que la Ley de Amnistía aprobada en el Estado de México, fue más allá de la propuesta hecha por el Presidente, logrando la liberación de 3 mil personas aproximadamente.
Sin embargo, apuntó, aún se requieren abrir nuevas mesas de diálogo para encontrar alternativas a personas que fueron encarceladas de manera injusta por delitos de alto impacto.
Para darle solución a estos casos, el legislador sostuvo que se necesita un trabajo conjunto entre el Poder Judicial, la Legislatura y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues son las carpetas fabricadas de delitos de alto impacto, donde se han cometido más alteraciones, debido proceso, perjudicando a personas inocentes.
Actualmente, indicó, la ley le permite aplicar el indulto para hacer justicia a los injustamente presos, acción que llamó a realizar al gobernador para darle solución a las demandas de las madres de familia que se encuentran fuera del Palacio de Gobierno.
Que “el gobernador Alfredo del Mazo Maza tome en sus manos el estandarte de la libertad como lo hizo Miguel Hidalgo y Costilla, y otorgue la libertad a las personas injustamente presas en el Estado de México”, expresó.