La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) declarada en 11 municipios mexiquenses ha sido una acción ineficaz, pues los feminicidios se duplicaron entre 2015 y 2018, por lo que es necesaria la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para la aplicación de políticas públicas que se transformen en acciones y contribuyan a revertir la situación, coincidieron las diputadas Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Karina Labastida Sotelo, de Morena; María Lorena Marín Moreno, del PRI, y Brenda Escamilla Sámano, del PAN.
En la presentación de la iniciativa Gobierno Abierto para la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de México, de la asociación civil NV Nivel Humano, las legisladoras lamentaron que desde que se declaró la AVGM en 2015, cuando se registraron 59 feminicidios, el número de casos se haya incrementado cada año hasta llegar a 109 en 2018, y que de enero a julio de 2019 se acumularan 53 feminicidios y 207 homicidios dolosos contra las mujeres.
Ante este escenario, detallaron que los programas gubernamentales deben replantearse con acciones concretas, coordinación entre los tres niveles de gobierno, capacitación a servidores públicos para la atención de víctimas y familiares y vigilancia de la aplicación de los recursos con perspectiva de género, involucrando a la sociedad civil en la elaboración de presupuestos participativos y redes de rendición de cuentas y fomentando la participación ciudadana en la exigencia de la garantía del derecho a la información.
Las legisladoras puntualizaron que la violencia contra mujeres y niñas no solo se presenta en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, localidades en donde hay Alerta de Género desde el 28 de julio de 2015, sino que es una situación generalizada en la entidad y debe solucionarse de manera integral.
Mariana Uribe, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, subrayó que, a 12 años de la publicación La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se debe reflexionar sobre los avances obtenidos a partir de la implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas creadas con este enfoque.
De manera particular, recalcó, en la entidad la Alerta ha sido insuficiente porque los feminicidios no se concentran en 11 municipios. Según datos de la Fiscalía General de Justicia estatal, en 2017 se registraron 68 feminicidios en 38 localidades y 292 homicidios dolosos contra mujeres en 64 demarcaciones, mientras que de enero a marzo de 2018 se contabilizaron 15 feminicidios en 11 demarcaciones y 73 homicidios dolosos en 34.
Karina Labastida, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios, resaltó que a partir de esta Legislatura se comenzó la revisión de acciones y programas de los 11 municipios con Alerta, ya que en 2018 no ejercieron un presupuesto de 30 millones de pesos, no tuvieron acciones concretas ni coordinación con el gobierno estatal.
Subrayó que también se exhortó a los 125 municipios mexiquenses a crear comisiones edilicias para atender la violencia contra las mujeres, e informó que la Comisión ha realizado visitado Ministerios Públicos para mejorar el servicio a las víctimas y sus familiares; además, señaló que se debe reforzar la aplicación de los recursos con perspectiva de género, así como fortalecer la coordinación entre sociedad civil y gobierno.
María Lorena Marín, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, puntualizó que erradicar la violencia contra la mujer es una tarea que requiere acciones en toda la entidad y revisar la aplicación de recursos estatales y federales; mencionó que en la 60 Legislatura existe el convencimiento de la importancia de la participación social en la solución de problemas que laceran a los mexiquenses, por lo que desde este enfoque se podría coadyuvar con la implementación de un presupuesto participativo y la red de rendición de cuentas.
En su participación, Brenda Escamilla, quien preside la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, comentó que hace falta trabajar en la sensibilización sobre la atención a víctimas por violencia de género, llamó a la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para enfrentar el problema y recalcó que se debe vigilar la correcta aplicación de los 30 millones de pesos para los 11 municipios mexiquenses y los 10 mil millones de pesos del Poder Ejecutivo destinados a temas de género y prevención.
El objetivo de la iniciativa ‘Gobierno Abierto para la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de México’, explicó la presidenta de NV Nivel Humano, Rosa María Oviedo Flores, es empoderar a grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad para que, a través del derecho de acceso a la información pública, puedan construir un sistema de datos abierto, ya que la declaratoria no ha sido suficiente para disminuir los casos de feminicidios.
Agregó que la iniciativa se implementará en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para evaluar de forma participativa la eficacia, eficiencia y transparencia del presupuesto que los 11 gobiernos municipales han ejercido para la AVGM.
Consideró que entre los principales obstáculos para reducir la violencia contra las mujeres están la falta de coordinación institucional, escaso acompañamiento a familiares de víctimas, opacidad y falta de sensibilidad de servidores públicos, entre otros aspectos, por lo que la iniciativa busca identificar los recursos asignados para combatir el problema y los resultados de sus acciones, empoderarlas para rechazar la violencia, detectar buenas y malas prácticas de los municipios, el estado y la federación, y calificar el perfil de las personas responsables de las áreas involucradas.
Por otro lado, Jérome Poussielgue, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, se dijo impactado por las cifras de feminicidios en el estado, ya que los datos no corresponden a la realidad y los casos son siempre más que los reportados, aunque reconoció la voluntad de funcionarios de la entidad para que ésta sea una de las tres (junto con Guerrero y Chihuahua), donde se implemente la iniciativa Spotlight, para lo cual la Unión Europea ha destinado en el país 14 millones de euros, con el objetivo de prevenir y erradicar el feminicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres.
Detalló que Spotlight está atendiendo inicialmente los municipios de Ecatepec y Naucalpan bajo ejes como la mejora y monitoreo de políticas públicas para eliminar la discriminación y violencia contra ellas.
Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, informó que tan solo de enero a mayo de 2019 se implementaron 17 mil 300 medidas de protección para prevenir la violencia contra el sector femenino en la entidad, y recordó que 66% de las mujeres mayores de 15 años han tenido al menos un incidente den su vida, por lo que reconoció la labor de la sociedad civil y el gobierno para erradicar el problema, aunque destacó que se debe fortalecer las acciones en materia de trabajo colaborativo, transparencia y participación ciudadana.
Como integrante del colectivo 50+1, cuyo propósito es sumar esfuerzos para impulsar acciones en favor de las mujeres, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo aplaudió el que la 60 Legislatura aborde el combate al feminicidio sin distinción partidista; reconoció que hacen falta políticas públicas, evaluaciones, presupuestos consistentes y capacitación de servidores públicos, así como transparencia en el sistema de justicia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos públicos. También llamó a buscar la autonomía de las instituciones encargadas de vigilar el funcionamiento de los gobiernos y, a las legisladoras, a vigilar el presupuesto que se asigne en 2020 para esta materia.
Al evento acudieron representantes del gobierno estatal, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, del Instituto de Administración Pública del Estado de México y de diversas asociaciones civiles.