Para garantizar a las y los mexiquenses elecciones ejemplares, apegadas a las normas y reglas electorales, autoridades de los tres Poderes del Estado de México, electorales federales y estatales, así como partidos políticos signaron el Acuerdo por la Integridad Electoral en el marco del Proceso Electoral 2023.
Prometen el Estado gobernabilidad y estabilidad
Tras firmar el acuerdo promovido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se comprometió a atender con apertura las instituciones electorales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos; a generar condiciones de gobernabilidad y estabilidad que den certeza a la voluntad ciudadana; y prometió respeto al proceso electoral.
“La integridad electoral es una práctica internacional que busca elevar la calidad de los procesos electorales, asegurar los principios democráticos del voto universal y la equidad política, y garantizar que cada proceso electoral se organice en forma profesional e imparcial y transparente”, sostuvo.
Resaltó que la confianza es el principal sustento del Acuerdo, de ahí que su objetivo sea asegurar que el cumplimiento de las normas democráticas se sustenten en la legitimidad del proceso y sus resultados, con independencia del lugar de realización, participantes y dinámica de la competencia electoral.
Asimismo, indicó que la firma compromete a instituciones, autoridades y partidos con la recuperación de una participación ciudadana más intensa y de mayor calidad.
Autoridades electorales federales
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó que el acuerdo busca que quienes están involucrados en las elecciones del Estado de México, ya sea como contendientes, autoridades o como integrantes de los poderes públicos, se comprometan de cara a la ciudadanía, a respetar las reglas del juego democrático, que cada actor político institucional honre sus convicciones democráticas y que quienes compiten por la gubernatura lo hagan conforme el marco legal vigente.
Recordó que, pese a que recientemente se ha dado paso al cambio de normas electorales, aseguró que ninguna impactará a los procesos electorales en marcha, ni al del Estado de México, ni al de Coahuila por no haberse publicado con anticipación.
“Para contribuir a la certeza del proceso electoral en marcha en el Estado de México y también en Coahuila, es necesario subrayar que las elecciones del 2023 se organizarán conforme al marco legal vigente, hay una discusión abierta respecto al cambio en las normas electorales, pero ninguna de esas normas, las ya publicadas y las de inminente publicación, regirán, rigen los procesos electorales porque ninguna se publicó con la anticipación que la Constitución establece”, expresó.
En tanto, Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del TEPJF, garantizó que el Tribunal Electoral resolverá oportunamente, con imparcialidad e independencia las controversias que resulten de este proceso electoral, que protegerá el voto libre de la ciudadanía, y a juzgar bajo la perspectiva de integridad electoral
“Este proceso demanda, por ejemplo, que los partidos respeten las reglas democráticas; que las autoridades de todos los órganos de gobierno cumplan con la ley y promuevan un piso parejo; demanda que las autoridades electorales estatales y federales actuemos de forma honesta, transparente, imparcial y profesional; y demanda que la ciudadanía apueste por la democracia como la mejor forma de gobierno, ejerciendo su voto y denunciando cualquier acto que viole la integridad del proceso”, expresó.
Acuerdo
Entre los 12 puntos a los que se comprometieron asumir durante el desarrollo de la contienda electoral: respetar las leyes electorales, sus procesos y procedimientos; conducirse conforme a los principios democráticos establecidos en leyes y normas; canalizar las diferencias propias de una elección por las vías y cauces institucionales; y respetar el voto y los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.
También asumieron el abstenerse de realizar actos que afecten la libertad de la ciudadanía para definir su voto; mostrar una abierta disposición al escrutinio público; actuar con diligencia para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género; garantizar el principio de paridad constitucional; así como eliminar las malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas.
