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Funcionarios del gobierno de Toluca extorsionan a inversionistas

 

La empresaria Guadalupe González señaló que desde mayo de 2022 ha intentado abrir un restaurante en la avenida Pino Suárez


Para iniciar un negocio en Toluca y operar con los permisos y licencias que se establecen en el marco legal, se debe dar entre 150 mil y 300 mil pesos a personal de la Dirección de Desarrollo Económico, además de una mensualidad de hasta 50 mil pesos, así lo denunciaron empresarios que tienen retrasos de hasta dos años en trámites para abrir una unidad económica.

En conferencia de prensa, Guadalupe González, quien ha intentado abrir un restaurante en la avenida Pino Suárez, expuso que a raíz de que se acercó a la Dirección en mayo de 2022, comenzó a sufrir amenazas y extorsiones por parte de Laila Chemor Sánchez, titular de la dependencia y otros funcionarios.

La empresaria, señaló que desde mayo de 2022 ha intentado abrir un restaurante en la avenida Pino Suárez, narró en conferencia de prensa su experiencia al tratar de cumplir con los trámites necesarios. Según afirmó, desde el inicio de su acercamiento a la Dirección de Desarrollo Económico, comenzó a ser víctima de amenazas y extorsiones por parte de la titular de la dependencia, Laila Chemor Sánchez.

González, mostró una carpeta con los documentos, planos y vistos buenos obtenidos, y señaló que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales, nunca recibió la documentación final para operar. Declaró que, en agosto de 2022, tras una visita de los funcionarios Andrés González Nieto y Andrés Vergara Mañón, le confirmaron que su proyecto estaba en orden, pero debía esperar la autorización definitiva.

El conflicto escaló en agosto de 2023, cuando Andrés N., enfrenta cargos por extorsión, le informó que para abrir el restaurante debía pagar 300 mil pesos y 50 mil pesos mensuales. Ante la negativa de Guadalupe González y sus socios de cumplir con la exigencia, comenzaron las amenazas, sugiriendo que si no accedía, nunca lograrían abrir el negocio.

El 1 de septiembre de 2023, tres personas, identificadas como Magaly Ríos Ocampo, Jessica Chagollán y Yoselín Becerril, llegaron al negocio de Guadalupe, y tras una confrontación en la que sacaron un arma y amenazaron a su esposo, le exigieron 50 mil pesos, los cuales fueron entregados. Posteriormente, el 10 de noviembre, el mismo grupo volvió al establecimiento, llevándose 30 mil pesos más. Ante esta situación, González presentó varias denuncias ante las autoridades.

Denuncias

En total, la empresaria detalló que ha interpuesto cinco denuncias ante la Fiscalía de Atención Especializada (FAE) por extorsión, corrupción y discriminación. De éstas, sólo tres han procedido por falta de pruebas.

“Las denuncias que interpuse contra Andrés Vergara Mañón y Andrés González Nieto no procedieron, porque tengo evidencia de la visita, pero no de que me quitaron dinero o me hicieron la solicitud directa. Esa la hicieron contra Jessica Chagollán y Erika, quienes vinieron por el dinero”, afirmó González.

Adicionalmente, presentó dos denuncias más ante la Fiscalía Anticorrupción. Una contra la directora de Desarrollo Económico Municipal, Laila Chemor Sánchez, por cohecho, debido a que le solicitó 25 mil pesos para hacerle un descuento en el pago de factibilidad de agua potable, que originalmente ascendía a 101 mil pesos.

Según González, se le aplicó un descuento de 52 mil 800 pesos, pero la directora le exigió la mitad del descuento en efectivo y en su oficina para que procediera.

Otra denuncia fue interpuesta en contra de Roberto Vera Benjamín, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), quien condicionó la entrega del Dictamen Técnico de Impacto Sanitario a cambio de 70 mil pesos.

González también presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), en contra del personal involucrado del ayuntamiento, alegando violaciones a sus derechos.

Mientras tanto, las denuncias siguen su curso en las instancias correspondientes, aunque los empresarios aún enfrentan retrasos en la obtención de sus permisos.