La Secretaría de Movilidad (Semov) del Gobierno del Estado de México y los transportistas inconformes con el proceso de regularización de unidades y equipamiento de sistemas de seguridad, instalarán una mesa de diálogo el próximo viernes a fin de resolver el diferendo.
En entrevista con Notimex, Raymundo Martínez Carbajal, titular de la dependencia estatal sostuvo que se buscarán alternativas de solución, pero dejó claro que la regulación del transporte público de pasajeros en la entidad es una política pública emanada de una demanda ciudadana impostergable y justa.
“Vamos a sentarnos en una mesa para tratar de llegar a puntos de coincidencia, pero la posición del gobierno es muy clara en cuanto a que la política pública que estamos implementando tiene como fundamento la seguridad de los más de 11 millones de usuarios del sistema de transporte público de pasajeros”, subrayó.
El funcionario estatal refirió que la inconformidad de un grupo de concesionarios no es menor, pues ya se vio que están dispuestos incluso a violentar la ley, por lo que en este asunto debe prevalecer el diálogo para evitar afectaciones a terceros y el gobierno hará lo que le competa.
Martínez Carbajal puntualizó que es urgente mejorar el servicio de transporte en la entidad, modernizando el parque vehicular e introduciendo unidades que tengan menos de 10 años de antigüedad y no “las chimeneas que andan rodando por ahí”.
Enfatizó que el otro tema, no menos importante, es el de contar con dispositivos electrónicos que permitan fomentar el monitoreo, vigilancia e interacción de diversas áreas para poder contener el crimen, inhibirlo y cuando se presente, tener capacidad de respuesta inmediata.
“Hay que ver hacia el futuro y no mirar hacia atrás, para que no ocurra lo de ayer en la carretera México-Pachuca, donde en un transporte de Líneas Unidas se suscitó un incidente grave y mortal, mientras su dirigentes estaban organizando una manifestación”, comentó.
El secretario de Movilidad del Estado de México aclaró que el apoyo que se les ofreció a los concesionarios para integrarse al proceso de regularización y modernización consiste en acuerdos y convenios con empresas proveedoras, entre otros.
Sin embargo, sostuvo que el acuerdo publicado en 20 de marzo pasado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, establece una serie de plazos y tiempos para concretarse, donde el primer requisito es regularizar las concesiones y meses después presentar el vehículo dentro de la norma.
Es decir, que las más de 73 mil unidades que están fuera de norma contarán con un lapso de entre 11 y 17 meses para regularizarse y a partir de ahí analizar los casos particulares mediante cuencas de servicio en cada región de la entidad, donde se establecerá qué equipamiento requiere cada una.
Consideró inaceptable el planteamiento de los inconformes de que se les dé un lapso de hasta seis años para regularizarse e incorporar los sistemas de seguridad, pues señaló que hay un sentido de urgencia de parte de la ciudadanía, para que haya orden en el transporte público de pasajeros.
Raymundo Martínez Carbajal señaló que la movilización de ayer de los transportistas que rechazan la regularización y el uso de tecnología pudo o no tener motivaciones políticas o electorales, pero más allá de eso, su deber es enfocarse en materia de política pública y acciones de gobierno y esta es una de ellas.
Subrayó que la trascendencia del proceso de reordenamiento del transporte radica en que la zona metropolitana del Valle de México “es la que registra el peor tráfico del plantea”; es decir, que se pierden un promedio de cuatro horas por persona que se traslada diariamente a sus actividades.
“Eso tiene implicaciones económicas y sociales, por lo que, de no hacer nada en materia de seguridad y pérdida de tiempo, la situación empeorará y será quizá inmanejable para el año 2025, por lo que hay que ver al futuro con una política pública que entienda que la movilidad y el transporte es el sistema circulatorio para el bienestar del cuerpo social”, destacó.
Finalmente, el funcionario mexiquense reiteró que estas acciones de regularización del transporte público de pasajeros se hacen pensando en la gente y para atender una prioridad del actual gobierno del Estado de México, que es la seguridad de los ciudadanos.