Javier Alpízar Manjarrez, subdelegado de Auditoría Ambiental de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de México, señaló que la producción y el consumo de bienes y servicios generan algún tipo de residuos, los cuales se catalogan en tres grupos: Sólidos Urbanos, Manejo Especial y Peligrosos, los que en función de su composición, tasa de generación y manejo pueden tener efectos muy diversos en la población y el ambiente, donde en algunos casos, pueden ser graves, sobre todo cuando involucran compuestos tóxicos que se manejan de manera inadecuada o se vierten de manera accidental.
En este sentido, puntualizó que el manejo de estos residuos es un factor clave para avanzar hacia un mejor modelo de protección al ambiente, basado en un desarrollo sustentable, donde el estar sujetos al tratamiento o disposición final con base en lo dispuesto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ayudará a ya no contar con espacios inadecuados para su disposición final, acompañado de importantes beneficios económicos, sociales y ambientales.
Los residuos sólidos urbanos (RSU), dijo, son aquéllos que se producen en casa-habitación como consecuencia de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas y el aumento en su generación puede explicarse como resultado de múltiples factores, pero el crecimiento urbano y el desarrollo industrial, son los más importantes, como en el Estado de México (que produce más residuos respecto a la tendencia nacional).
Ante esta situación, explicó que la recolección y disposición final de los RSU, desde el punto de vista ambiental y de salud pública, tiene una relevancia fundamental para erradicar la contaminación, sobre todo si se recogen en el sitio donde se producen y más aún cuando los residuos se separan previamente.
Por su parte, Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el Estado de México (Canacintra), dijo que pese a las consignas sociales y al imaginario colectivo, la industria sólo es responsables del 17 por ciento de la contaminación y 83 restante corresponde a la población.
Pese a esto, se ha buscado que todas las empresas cumplan con las normas, y trabajando así para alcanzar los distintivos de “Industrias Limpias” confinando un destino a los residuos de manera especial, en áreas de acuerdo con el material, separación y contratación de una empresa que dé disposición final adecuada.
El proceso de separación y clasificación es la clave para no afectar al medio ambiente, donde la valorización es de las herramientas más importantes, ya que se destina hasta el diez por ciento de su presupuesto para el manejo de residuos.
Hace falta que 20 por ciento de las empresas industriales tenga la catalogación, lo cual se atribuye a los altos costos de inversión que implica, pues deben contar con contenedores especiales, construcción de almacenes y plantas tratadoras.
Actualmente, muchas compañías brindan este servicio, principalmente al sector empresarial y, aunque es un mercado muy competido sobre todo en zonas de alta concentración industrial, realmente pocas están instaladas de manera formal y cuentan con todos los permisos y cumplen la normatividad, destacó el director regional de Operaciones de GEN Industrial, Carlos Miguel Barragán Ramírez.
“En el Valle de Toluca hay más de 300 empresas registradas, de las cuales sólo unas 47 cumplen con la normatividad establecida; aunque hacen un manejo adecuado, no todas cuentan con los permisos correspondientes ni brindan todos los servicios, hay algunas especializadas para incineración hay otras para temas de disposición de residuos peligrosos y otras para tratamiento de aguas”, explicó.
Destacó que la cultura de procesar de manera adecuada los residuos va en aumento, por ello, las industrias le han apostado a cumplir con la ley de la mano de los servicios de sistemas de recolección, principalmente para los residuos peligrosos a fin de contaminar menos.
Asimismo, Carlos Miguel Barragán Ramírez detalló que que actualmente en el Valle de Toluca se procesan alrededor de 170 mil toneladas de residuos de diferentes tipos cada mes y atienden a más de dos mil 500 empresas.
Carreteras acaban con el agua y bosque: ejidatarios
Comuneros de diversas localidades de Villa del Carbón denunciaron a CAPITALMEDIA la extinción de dos mantos acuíferos en Loma Alta, así como el robo de madera a consecuencia de la construcción del tramo carretero Atizapán-Atlacomulco, el cual forma parte de la carretera México-Guadalajara.
Enormes bosques, criaderos de trucha y ganado son las principales fuentes de ingreso del municipio, considerado Pueblo Mágico del Estado de México.
Sin embargo, y a raíz de la tala de árboles que se ha llevado a cabo para dar paso a la carretera Atizapán-Atlacomulco, las fuentes de ingreso de sus habitantes se encuentra en riesgo.
En entrevista, Pedro “N”, habitante de Loma Alta, dio a conocer que ya son dos mantos acuíferos, llamados por los habitantes “ojos de agua”, los que se han secado como consecuencia de la tala desmedida de árboles que se está haciendo en la localidad.
Él, junto con vecinos de San Jerónimo, La Arana, Esperanza y San Luis Taxchimal, indicaron que el proyecto cambió de ruta sin informar a la población, por lo que exigen se terminen los trabajos de la carretera cuya construcción está en manos de OHL.
Por su parte, Manuela “N”, detalló que “el presidente ejidal, Miguel Reyes Cruz, hizo firmar a varias personas mayores un consenso para que se llevara a cabo la obra, pero fue a base de engaños y mentiras”.
Además, agregaron, la deforestación trajo consigo el robo de madera por parte de personas ajenas a las comunidades, por lo que otra de sus preocupaciones es que generen un ambiente de inseguridad.
Por ello, para mostrar su inconformidad ante el proyecto, los pobladores plantaron más de cinco mil arbolitos en donde se llevó a cabo la deforestación.
Cabe mencionar que la zona de la construcción actualmente se encuentra delimitada con banderines verdes, hechos con ramas, y está próxima a ser cercada.