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Hasta 10 años de prisión por no dar mantenimiento a la infraestructura urbana

El estado tiene la obligación de otorgar servicios mínimos dignos para la población afirma Javier Diez García, doctor en Derecho 

Los ciudadanos cuentan con herramientas en la vía penal y civil, para que los funcionarios públicos se responsabilicen


Los servidores públicos pueden ir a prisión desde meses hasta más de 10 años por no dar mantenimiento de manera adecuada a las infraestructura urbana y ocasionar lesiones a los mexiquenses, informó Javier Diez García, doctor en Derecho y profesor en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Ante las malas condiciones que llegan a presentar avenidas, puentes vehiculares, así como peatonales, el especialista en política criminal recordó que “el estado tiene la obligación de otorgar servicios mínimos dignos para la población”.

Las autoridades municipales y estatales, apuntó, son responsables de dar mantenimiento a las obras, en ese sentido, de existir infraestructura en malas condiciones que ocasionen daños a los ciudadanos podría haber atribuciones a aquel servidor público que no realizó su trabajo, siempre y cuando exista un reporte previo.

Bajo esa premisa, sostuvo que la denuncia y/o queja de cualquier mal estado de los servicios públicos es una obligación ciudadana, para evitar que se evada la ley.

De darse un daño por la ineficiencia de las autoridades, los ciudadanos cuentan con herramientas en la vía penal y civil, para que los funcionarios públicos se responsabilicen.

“En la vía penal, se reclamaría una omisión en cuanto al deber de estado y el municipio de garantizar una infraestructura adecuada mínima; y en la vía civil serían cuestiones de reparación de daño moral, afectación, etc.”, informó.

Javier Diez García recordó que en México uno de los casos más sonados por no cumplir con las normas de construcción ha sido el Colegio Rébsamen, el cual colapsó tras el sismo del 2017, provocando la muerte de 26 personas. Luego de las investigaciones periciales se concluyó que la construcción del Colegio se derivó de permisos otorgados de manera ilegal.

Otro de los casos que van en la misma línea, es el colapso de la Línea 12 del Metro, el cual continúa en investigación, quien sea responsable podría obtener hasta 50 años de prisión, de acuerdo a las últimas declaraciones de Teófilo Benítez, abogado defensor de las 13 víctimas.