El colectivo Haz Valer Mi Libertad, integrado por madres, esposas y familiares de personas que consideran injustamente encarceladas, expresó su confianza en que la próxima elección de jueces y magistrados en el Estado de México marque el inicio de una transformación en el sistema judicial estatal.
A pocos días de que se venza el plazo prometido por el presidente interino del Poder Judicial mexiquense, Fernando Díaz, para reunirse con ellas, las integrantes del colectivo esperan que esta reforma permita revisar casos emblemáticos de violaciones al debido proceso.
María Luisa Montoya García, madre de Carlos Alberto Estrada Montoya, uno de los presos que consideran inocentes, señala que este cambio es una oportunidad para que se revisen los casos pendientes.
“Tenemos la plena confianza en que este nuevo Poder Judicial marque la diferencia. Como madres, esposas y hermanas, creemos en la posibilidad de justicia para nuestros familiares, quienes han sufrido años de encarcelamiento por señalamientos sin fundamento y carpetas fabricadas”,
comentó Montoya.
La esperanza en la elección de jueces y magistrados
El próximo 1 de junio se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados en el Estado de México, un proceso que, de acuerdo con el colectivo, representa una oportunidad para acabar con prácticas que perpetúan las injusticias en el sistema judicial.
En ese sentido, Montoya destacó que esta renovación es crucial para evitar detenciones arbitrarias y garantizar procesos judiciales apegados a la ley.
Carlos Alberto Estrada Montoya, hijo de Montoya, fue sentenciado inicialmente a 47 años de prisión por homicidio, una sentencia que fue modificada en apelación a 10 años y 6 meses, pero posteriormente aumentada a 43 años y 9 meses tras un amparo presentado por la fiscalía.
“No hay pruebas científicas que lo incriminen. La carpeta está fabricada y el único señalamiento en su contra es de unas personas que dijeron identificarlo por Facebook. Es un caso lleno de inconsistencias y violaciones al debido proceso”,
aseguró Montoya.
Desesperada, la madre que lucha reconoció que ya son siete años los que lleva su hijo tras las rejas, sin posibilidad de retomar su vida a causa de una sentencia por un delito que no cometió.
Impacto en las familias y la lucha por justicia
La vida de las familias de los presos se ha transformado por completo.
Montoya relata que semanalmente gasta alrededor de mil 500 pesos para visitar a su hijo en el centro penitenciario, cifra que incluye el transporte, comida y dinero para cubrir sus necesidades básicas.
“El centro penitenciario es muy costoso. Mi hijo, por ejemplo, tiene un problema dental, y debo enviarle dinero para que pueda comprar un medicamento, porque ahí no hay atención integral”,
añadió.
Para financiar estos gastos, las madres han organizado la Mercadita Necesaria que se instala todos los miércoles en la Plaza de los Mártires.
Sin embargo, los ingresos son insuficientes.
“Hay días que no vendemos nada, pero seguimos luchando porque no podemos abandonar a nuestros hijos”,
expresó Montoya.
Llamado al presidente interino del Poder Judicial
El colectivo confía en que la reunión prometida por Fernando Díaz, presidente interino del Poder Judicial mexiquense, sea un paso hacia la revisión de los casos que han denunciado.
La reunión, programada para este viernes con la finalidad de que se pudieran estudiar los casos del colectivo, aún no tiene hora ni lugar confirmados, pero las integrantes del colectivo esperan establecer un diálogo directo con Díaz para exponer las irregularidades en los procesos de sus familiares.
“Queremos que nos reciba, que nos escuche y que se comprometa con una justicia verdadera. No podemos seguir permitiendo que inocentes estén en prisión mientras los responsables de los delitos siguen libres”,
concluyó Montoya.
Justicia para todos
El caso de Carlos Alberto es solo uno de los múltiples que el colectivo Haz Valer Mi Libertad considera ejemplos de las fallas del sistema judicial. Montoya destacó que, además del sufrimiento de las familias de los presos, también se priva de justicia a las víctimas de los delitos.
“Sí hubo un joven al que le quitaron la vida, la persona responsable no está pagando por ello. Eso también es injusto”,
señaló.
La esperanza del colectivo está puesta en que la reforma judicial y la elección de jueces y magistrados permitan transformar el sistema y garantizar que nadie más sea detenido o sentenciado de manera arbitraria.
