El cobro de diezmo a los constructores por parte de los funcionarios de los ayuntamientos al momento de otorgar contratos de obra pública, son prácticas que se efectúan en todo el Estado de México, sentenció Victorino Barrios Dávalos, contralor de la Legislatura mexiquense.
En entrevista comentó que a la contraloría llegan semanalmente de una a dos quejas por este acto de corrupción, sin embargo, lo que más llama la atención es que éstas van en el sentido de que los funcionarios se quejan de no haber recibido su “parte” del diezmo.
Resaltó que en todas las administraciones municipales actuales, se están cobrando cuotas para la asignación de obra, pero esta situación es muy difícil de comprobar, pues aunque se hacen las denuncias es muy difícil de comprobar.
Consideró que esta situación ha provocado que las obras públicas se hagan con una pésima calidad, pues si los empresarios dan dinero, después lo tienen que sacar de algún lado para alcanzar a realizar el compromiso que tienen.
Resaltó que para eliminar este tipo de prácticas, es fundamental que los ayuntamientos respeten la normatividad y hagan efectiva la creación de un comité de adquisiciones, además de aplicar el modelo de usuarios simulados, ya que con estas prácticas se podrían tener pruebas para sancionar a los malos elementos que están acostumbrados a estas prácticas.
Lamentó que muchos de los ayuntamientos hayan eliminado estos comités, sobre todo por recomendación de sus partidos políticos, para así continuar otorgando las obras mediante la asignación directa y simular concursos.
Finalmente el contralor detalló que urge la creación de esta clase de comisiones cuyos integrantes deben ser el presidente municipal, el tesorero y algunos regidores, especialmente los de oposición, además de incluir a miembros del comité anticorrupción, para que así todo contrato de obra tenga que pasar por ellos, evitando que los funcionarios reclamen su “tajada o moche”.