El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar indicó que, en la propuesta de Reforma Constitucional al Poder Judicial, debe considerarse el fortalecer a los 32 Poderes Judiciales Locales, pues son ellos quienes tienen el 85% de la carga de trabajo.
En este sentido, explicó que el 40% del recurso presupuestal que tiene el Poder Judicial de la Federación, lo concentran los Poderes Judiciales estatales, pero registran el 85% de la carga de trabajo y la federación sólo el 15%, por lo que existe una asimetría que debiera ser analizada y por tanto, fortalecer más a los tribunales locales.
Lo anterior, dijo, por ser la primera trinchera de acceso a la justicia, es decir, son justo ellos quienes resuelven los divorcios, las demandas por impago de pagarés, reivindicatorios, los temas penales, laborales y familiares, entre otros apartados, de ahí que se requiera edificar Poderes Judiciales a la altura de las necesidades de la sociedad.
“Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a los Poderes Judiciales locales, porque son la justicia directa, la justicia cercana a la gente y favorecer así el lema que yo he hecho de mi gestión, acceso efectivo a la justicia”, comentó.
El titular del Poder Judicial mexiquense, reiteró que está a favor de racionalizar el gasto, más no de que existan recortes presupuestarios, puesto que la formación de jueces y magistrados son procesos de formación largos que requieren de recursos.
“Porque un juez, un magistrado tienen que ser personas experimentadas para saber juzgar y eso toma tiempo y toma recursos para capacitarlos y también tenemos que tener instalaciones adecuadas, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy fuerte en el Estado de México para hacer un ejercicio racional del gasto y lo hemos conseguido, tenemos un Poder Judicial de excelencia en verdad, tenemos un Poder Judicial que se compara con los mejores de la República”, expresó.
Por otra parte, agregó que necesitarán recursos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, puesto que más o menos alteraría el 70% del trabajo del tribunal del estado, además requerirán de la contratación de más jueces y personal.