A más de un año de la implementación de la Reforma Laboral en 8 entidades del país, incluyendo el Estado de México, se han ingresado a los Tribunales Laborales de la entidad un total de 7 mil 671 procedimientos, de los cuales, 7 mil 509 corresponden a conflictos individuales y 162 a colectivos.
El reporte del Poder Judicial mexiquense señala que las sedes ubicadas en Tlalnepantla y Naucalpan concentran la mitad de la demanda de servicio, toda vez que concentran municipios con la mayor participación en la actividad económica en el estado.
Del total de asuntos presentados, se ha logrado dar solución a 2 mil 690, privilegiando el uso de la conciliación en 931 conflictos, 452 por sentencia y el resto por otros motivos.
De acuerdo con la estadística de procedimientos iniciados en materia laboral destaca: 5 mil 580 procedimientos ordinarios, 931 por un tema de designación de beneficiarios, 841 paraprocesales, 89 especial individual, 20 especial colectivo y 135 asuntos por huelga; sin embargo, no estalló ninguna, lo que garantizar que en el Estado de México existe paz laboral.
Si bien, con la incorporación de la Reforma Laboral también se dio impulso al uso de los medios tecnológicos para dar mayor agilidad y transparencia a los procesos, el PJEM ha informado que sólo 1 de cada 10, se tramita a través del Tribunal Electrónico, lo que pudiera interpretarse como la resistencia de los usuarios a transitar hacia el gobierno electrónico.
Por otra parte, el titular de dicho Poder del Estado, Ricardo Sodi Cuellar señaló que, por el avance en la operación de la Reforma Laboral, el Poder Judicial mexiquense ha sido ejemplo para otras entidades, por lo que 15 estados ya han requerido de su colaboración: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
En mayo de 2021, el Poder Judicial mexiquense obtuvo la certificación de la Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, ubicándose como el primer tribunal del país en contar con una acreditación de este tipo, resultado del trabajo de los operadores del nuevo sistema, para la solución de controversias individuales y colectivas.