Ante la aprobación de la Cámara de Diputados del dictamen del Senado que tipifica la defraudación fiscal, así como la compra-venta de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada, Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México (Concaem), consideró que hizo falta analizar la norma, ya que se corre el riesgo de considerar un error contable como un delito grave que amerite prisión.
Señaló que el haber aprobado dicha iniciativa es un mensaje agresivo y podría llegar a ser un factor inhibidor de la inversión nacional y extranjera, por lo que llamó a los legisladores a tener cuidado en futuros análisis de este tipo, recordando que la iniciativa privada por Ley, puede ser consultada como un ente propositivo.
“Nos parece que se debió haber analizado a profundidad, el sentir de la norma, insisto, si el objetivo era el de inhibir la venta de facturas, era perfecta, y lo hubiéramos aplaudido, pero cuando nos damos cuenta que el fondo es otro, tenemos que recriminar”.
En este sentido, aseguró que la nueva ley sólo va a incentivar actos de terrorismo fiscal hacia los empresarios, lo cual es un absurdo, siendo que los empresarios ponen su confianza y patrimonio en la generación de proyectos de riqueza y empleo para el país.
Comentó que para el sector productivo siempre será importante darle facultades legales a la autoridad, pero en estos casos, se debe cuidar que esta nueva ley no sea con fines discrecionales, ya que dejaría desprotegido al empresario formal con una herramienta que da dientes al Sistema de Administración Tributaria de manera discrecional.
Por su parte, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense (CCEM) lamentó que esta iniciativa haya sido aprobada en esos términos, los cuales calificó como nefastos, ya que causará un impacto inmediato en la atracción de inversiones.
Precisó que para la Iniciativa Privada con esta aprobación se siente amenazada, pues no se busca realmente ampliar la base recaudatoria para reducir los índices de informalidad y por el contrario, esto puede llegar a orillar a muchas personas a sentir terrorismo fiscal.
Por lo anterior, hizo un llamado a tener una reconsideración o revisión a la iniciativa, además de que considerarán que los empresarios mexiquenses se sumen a promover una acción de inconstitucionalidad, pues equiparará dicha práctica con delincuencia organizada y da pie a la detención del contribuyente, así como a la extinción del dominio sobre sus propiedades.
Indicó que fue lamentable que pese a los diversos organismos empresariales tuvieron mucha participación y se realizaron mesas de diálogo y trabajo en parlamento abierto con el Poder Legislativo y los diputados tenían elementos para avanzar en una buena iniciativa, sin embargo, no hubo eco y a consecuencia no se están midiendo los alcances y efectos de aprobarla como quedó.
