Al instalar la Comisión Especial en Materia de Amnistía en la Legislatura, sus integrantes se comprometieron a desempeñar el análisis de casos que les sean remitidos por presuntas violaciones de derechos humanos o por fabricación de delitos, mediante un trabajo transparente, serio y responsable, en donde la revisión se desarrolle de manera coordinada con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los poderes Ejecutivo y Judicial, así como con colectivos.

La comisión integrada por 13 legisladores, señaló el diputado Max Correa, habrá de analizar los casos “especiales” que les sean puestos a su consideración, entre estos, podrán valorar otorgar o no Amnistía a personas que hayan sido condenadas por cometer delitos de alto impacto, pero que se trate de casos donde se detectaron violaciones de derechos en su proceso, fallas en la aplicación de algunos de los principios penales del sistema acusatorio o se detecte la fabricación de delitos para tener “falsos culpables”.

“Estos casos también deberán ser atendidos por el Poder Judicial cuando está Comisión emita alguna recomendación al respecto. Exhorto a los integrantes para que, en el uso del derecho humano a una adecuada administración pública, tomemos las medidas necesarias e inmediatas para que ninguna solicitud de amnistía quede sin atención adecuada”, señaló.

Tras su instalación, el presidente de la Comisión, Gerardo Ulloa Pérez indicó que habrán de desempeñar un trabajo apegado a la ley, en un marco de respeto y diálogo, y buscando siempre los consensos para tomar las mejores decisiones en favor de los mexiquenses y que abone a la justicia del estado.

“El trabajo que iniciamos será intenso y complejo porque no tiene precedente y en consecuencia nos tocará a nosotros construir el camino, establecer los procedimientos y los mejores mecanismos para cumplir con la encomienda”, dijo.

Por su parte, el diputado panista Reneé Rodríguez Yánez se pronunció a favor de que las dictaminaciones que emita la comisión, se sustenten con resoluciones de organismos internacional, nacional o local de derechos humanos, para que también se sancionen a las autoridades que cometan violaciones a los procesos judiciales.

En tanto, el diputado priista Juan Maccise Naime enfatizó que los trabajos de la comisión no consistirán en analizar cifras, sino casos reales y afectaciones producidas por posibles inconsistencias procedimentales.