Información Guillermo Espinosa

Al cumplirse 17 años de los hechos violentos de represión social, detenciones arbitrarias  y actos  de tortura (en particular tortura sexual contra mujeres)  por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, mujeres sobrevivientes a estos hechos lograron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregue la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 245/2022, ordenando a la Fiscalía Mexiquense remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR, instancia que tendrá la obligación de continuar la investigación del caso, bajo los parámetros ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, se cumplen cuatro años (diciembre de 2018) de la inacción del Estado mexicano, tras la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en favor de las “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”.

En julio de 2020, las mujeres sobrevivientes acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), iniciaron una larga batalla legal sin precedentes contra las autoridades del Estado de México, para que éstas cumplieran con lo ordenado por el Tribunal interamericano.

“Durante estos 17 años, las autoridades locales han sido  las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres”.

Denuncias de las mujeres violentadas en 2006, señalan que FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia, más recientemente negándose a  remitir la investigación a FGR.

El pasado 6 de abril, la Fiscalía Mexiquense, solicitó a las autoridades judiciales una prórroga de 20 días para dar cabal cumplimiento a la resolución judicial, debido a la “complejidad del asunto y voluminosidad del expediente”.

En respuesta, el Juzgado encargado de la ejecución de la sentencia, únicamente le concedió 10 días para la entrega de la investigación, sin que hasta hoy se haya notificado a las sobrevivientes si esto se ha cumplido.

Tras la confirmación de la remisión del total de la investigación a la FGR, ahora esta entidad está obligada a conducirla de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales; con la participación activa de las mujeres sobrevivientes y sus representantes, tal y como lo ordenó la Corte IDH.

La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de la mayor relevancia, no sólo para poner fin a 17 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste, como reconoció recientemente el “Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual” que publicó la Secretaría de Gobernación (Segob).

En este sentido, las “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, a través del Centro PRODH, señalaron que  es alarmante y ominoso que a cuatro años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, específicamente en cuanto al acceso a la justicia.

Cabe recordar que durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, el poblado de San Salvador Atenco, vivió uno de los actos represivos más brutales de los que se tenga memoria en el país.

Más de 3 mil 500 efectivos de la policía atacaron a los pobladores, dejando un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenciones, amén de los abusos sexuales y físicos a mujeres.