Amnistía Internacional señaló como deficientes las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) en materia de feminicidios, por la inacción e ineficiencia de las autoridades. 

De acuerdo al informe denominado “Juicio a la Justicia. Deficiencias en las Investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, en la entidad mexiquense las autoridades estatales encargadas de la investigación y procuración de justicia no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Lo anterior fue resultado del análisis de cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, las cuales presentaron deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. 

Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

Edith Olivares Ferrato, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, comentó que “las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”. 

Ante las deficiencias detectadas, Amnistía Internacional hizo un llamado al Congreso Mexiquense a dotar de más recursos financieros y humanos a la FGJEM para que cumpla con su labor de manera adecuada.

Asimismo, exhortó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales, de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en el informe. 

Asimismo, llamó a los responsables de la Fiscalía mexiquense para que la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con lo necesario para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.