Irinea Buendía Cortez acudió al Congreso del Estado de México para presentar la propuesta de Ley “Mariana Lima Buendía” que busca fijar parámetros para juzgar con perspectiva de género ante cualquier caso de muerte violenta de mujeres para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluyendo las muertes por accidentes y suicidios.  

Dentro de la iniciativa, se busca crear un área altamente especializada en la investigación delitos de violencia de género, con facultades y competencias, personal y recursos materiales suficientes para el cumplimiento de su objetivo. 

Al exterior del Palacio Legislativo, Irinea explicó que con ello, se busca garantizar un efectivo acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio para que su lucha no dure más de 13 años como fue su caso, en el cual recientemente se dictó al asesino feminicida de su hija Mariana Lima Buendía, una sentencia de 70 años, la cual aún no está firme, por lo tanto, su caso no está jurídicamente concluido a la fecha.  

“Dicen las autoridades que los feminicidios han bajado, pero no es cierto, no los están investigando con perspectiva de género para poder acreditar que se trata de un feminicidio y así lo dice la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa sentencia es histórica, es un parteaguas, sienta precedentes y nos da garantía de no repetición”, exclamó. 

Por otro lado, se propone reformar el Código Penal del Estado de México para crear el delito de negación de la justicia por razones de género, para referir en el Artículo 153 bis que cometerá este delito el servidor público de los órganos de procuración y administración de justicia que, estando obligado investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones. A los responsables de este delito se les impondrán de 2 a 6 años de prisión.  

Arropada por otras madres de víctimas de feminicidio, activistas y su abogado, enfatizó que se busca además sancionar a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, falencias, negligencias, que obstruyan la investigación y obstruyan la justicia, imponiéndoles una pena de prisión de 3 a 8 años y de 30 a mil 100 días multa.  

También plantea la propuesta el asegurar la reparación del daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas, específicas para modificar, patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia. 

Se indicó que se trata de una iniciativa de ley innovadora se espera contribuya a superar la impunidad en la que imperan el 98% de los feminicidios en el país, y terminar con la omisión institucional, ya que sólo el 20% de los asesinatos contra las mujeres son investigados como feminicidios, mientras que el 80% restante son investigados como homicidios.  

Tras un breve pronunciamiento, Irinea Buendía fue recibida por la presidenta de la comisión legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida Sotelo.