Ya basta de que se quiera manipular la Ley Agraria y su reglamento “por grupos perversos que no acreditan nada ante la autoridad, y sólo amenazan”; es legítimo el reclamo por supuestas afectaciones a tierras ejidales, pero mientras no haya una carpeta de investigación, o acta de asamblea avalada por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, “es un asunto que huele, apesta a corrupción”, sentenció Arturo Chavarría Sánchez.
El presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México opinó respecto de la exigencia de ejidatarios de San Mateo Atenco del pago por tierras afectadas por el Tren Interurbano, a quienes los tiempos jurídicos rebasaron, ya que tienen 30 días para interponer un amparo e iniciar un proceso legal ante tribunales agrarios y civiles, ésto, a partir de que ingresa la primera máquina afectando tierras comunales, ejidales, indígenas o particulares.
“Es un asunto perverso, porque piensas que la obra del Tren Interurbano México-Toluca tiene urgencia, se le exige. Y claro, todo reclamo es válido siempre y cuando se cuente con documentos que acreditan primero, la personalidad jurídica de lo que dicen ser propietarios, y después, la posesión en tierras ejidales”, a través del acta de la asamblea avalada por la Procuraduría Agraria y el Registro Nacional Agrario sobre los acuerdos tomados.
Le sigue como autoridad el comisariado ejidal ,y por último se tiene un consejo de vigilancia, con la responsabilidad de verificar que los acuerdos tomados por la asamblea se cumplan y evite los abusos de presidentes de comisariados ejidales, que llegan a corromperse e incurrir en actos en beneficio personal o de pequeños grupos.
No obstante, Arturo Chavarría Sánchez aclaró que “no estoy defendiendo a ninguna autoridad, que quede claro, sólo es vital que en los casos agrarios se deje de manipular y se ofrezca claridad a quienes se representa, porque hay un proceso para hacer guardar el estado de derecho”.
El paso a seguir por los ejidatarios es primero acudir con sus comisariados ejidales para constatar la situación, ya que si argumentan sin documentos que a unos pagaron y a otros no, y tampoco hay una carpeta de investigación ante los tribunales agrarios, entonces “es un asunto perverso, además deberán tener cuidado los ejidatarios porque pueden ir a dar a la cárcel, tienen gente que persigue otros intereses”, dijo.