Tras darse a conocer que el OSFEM realizó más de 30 observaciones a la administración del Ayuntamiento de Toluca, encabezada por el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, entre las que destaca irregularidades por cerca de 2 mil 500 millones de pesos, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) recordó que las observaciones son “un ejercicio de transparencia al que le faltan dientes”. 

“Lo más que puede hacer el OSFEM es crear el expediente, después enviarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esta dependencia consideraría si está sustanciado el expediente y si es el caso, solicitar a un juzgado que se vincule a los responsables, fuera de esto el trabajo del OSFEM por más riguroso que esté no pasa de ser una denuncia mediática y una observación muy superficial”, comentó. 

Las observaciones del Órgano Superior de la Fiscalización (OSFEM) no tienen un carácter jurídico, por lo que debe ser la administración del estado quien tenga que darle puntual seguimiento para que se conviertan en expedientes judiciales, señaló. 

De acuerdo al Código Penal de México, el delito por desvío de recursos y malos manejos de recursos públicos se castiga de dos a ocho años de prisión, en caso de ser encontrado culpable, sin embargo, las penas más largas por este delito en el país han sido de tres años. 

El especialista reconoció que este mismo problema lo enfrenta la Auditoría Superior de la Federación, quien audita todas las partidas presupuestales que hace el gobierno federal a entidades del orden estatal y municipal. 

Aclaró que si bien la tarea del OSFEM “es un primer acercamiento a las administraciones municipales como no se había hecho antes, pues los ciudadanos ya cuentan con más elementos para ver que haya un correcto manejo de los recursos, el realizado un ejercicio inicial sin alcances jurídicos, ni políticos y sin posibilidad de sanciones a los presuntos responsables”.