En México, la figura del arraigo fue incorporado en el Sistema Penal Mexicano en 1983 como medida preventiva para garantizar la disponibilidad de los acusados, sin embargo, en 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), junto con otras organizaciones, documentó casos de tortura que indicaron que era una clara violación a los derechos humanos, por tal motivo, en 2008 la medida se ajustó para ser utilizada sólo en casos del crimen organizado. A casi diez años de la última reforma, la figura del arraigo está por desaparecer.
Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos AC (CMDPDH) señalan que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, el uso del arraigo mostró un incremento de más de 200 por ciento. Desde junio de 2008 hasta el 2012 un promedio de 1.82 personas fueron puestas bajo arraigo cada día a nivel federal.
Información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fue dada a conocer por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados federal, entre el 2009 y 2010, menciona que los jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicación libraron 8 mil 600 medidas cautelares, de las cuales más de mil 200 fueron arraigos.
Las entidades que concentraron el mayor número de casos fueron Michoacán, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León.
Sin embargo, en 2013, durante un foro en el Senado de la República, la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dio a conocer que en 96.7 por ciento de los casos de “arresto provisional” no se consiguieron pruebas que acreditaran la presunta responsabilidad de detenido, por lo que con ello ratificaba lo dicho por la CNDH, de que el arraigo “sólo era un medio de tortura para fabricar culpables”.
Entre 2008 y 2010, las medidas de arraigo implementadas propiciaron que se presentaran ante la CNDH al menos 120 quejas, de éstas, 38 por ciento relacionadas con una posible detención arbitraria, 41 por ciento con presuntos casos de tortura y otros tratos crueles o inhumanos, y 26 por ciento reclamaban tanto una detención arbitraria como tortura.
Ante ese panorama, la CMDPH, en su informe ante el Comité Contra la Tortura del 2012, indicó que en la práctica, el arraigo no era utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, sino para privar de su libertad a personas con el fin de obtener información, en muchas ocasiones bajo tortura, para ser utilizada en posibles juicios.
“La investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada, y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia”, señaló la CMPDH en su informe. Ante ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Tortura del Alto Comisionado de Naciones Unidas, hizo un llamado a las autoridades mexicanas y las cuestionó sobre la medida, además pidió que se dieran a conocer las cifras sobre los juicios declarados nulos por confesiones obtenidas bajo tortura.