Más de cinco mil muertes por agresión en contra de mujeres, niñas o adolescentes se cometieron en la entidad durante los últimos tres años; mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indica que de los 626 homicidios contra ellas, sólo 296 son tipificados como feminicidios.
La investigadora Claudia Castelo Rebollar advirtió que no hay banco de datos y las cifras negras revelan que sólo en el 2016, 93.7 por ciento de los homicidios dolosos y muertes por agresión en hospitales implicó a una mujer.
Desigualdades
Las condiciones de agresividad y violencia hacia las mujeres tiene raíces profundas que involucran la desigualdad en diversos aspectos que las atan a mejores condiciones, porque no hay paridad aún, sólo escasos ejemplos tal vez como la Constituyente de la Ciudad de México (CDMX).
Ni en política existe la paridad que pretende reconocer la legislación electoral, modificada hace unos años, para consolidar al sector femenino.
Faltan protocolos
En un balance realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), presentado en el mes de mayo de este año, se precisó que la Alerta de Violencia de Género (AVG) contempla avances, pero adolece de mucho aún.
Como muestra de dichas carencias, se encuentra la falta de un protocolo de actuación para los elementos de la policía; además, tampoco hay mecanismos de coordinación en la atención de casos, para que sea pronta para la víctima o en su defecto, para los familiares.
Si bien se están creando células de búsqueda en el Estado de México, lo cierto es que éstas necesitan personal especializado, ya que son áreas, dijo Claudia Castelo Rebollar, donde no se puede improvisar; además, falta crear un protocolo de atención en el delito de feminicidio, e implementar la investigación en cada caso de muertes violentas de mujeres, ya que se  mantienen rezagos que datan del año 2005 hasta 2015 de 569 averiguaciones, de las cuales no se investigaron 258 defunciones, y sólo fue cuando intervino el Observatorio Nacional Ciudadano, que se logró sancionar 10 por ciento de los expedientes que habían sido archivados por las autoridades.