Desde trabajadores de Protección Civil del estado, así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras, hasta los propios titulares de éstas, podrían ser sancionados y/o acusados de lesiones, en caso que existiera un reporte previo por el mal estado que presentaba el puente que se desplomó en Nezahualcóyotl o algún otro puente, de acuerdo a Javier Diez García, doctor en Derecho y especialista en política criminal.

Lo anterior, tras recordar que en el estado, así como en el país, las responsabilidades en la administración pública están distribuidas de forma piramidal, por lo que en caso de que exista algún reporte se verifica el responsable que no cumplió con su trabajo.

Para señalar las responsabilidades, el especialista apuntó, que, derivado de la burocracia que existe, las autoridades tienen la responsabilidad de identificar si existió una denuncia de la problemática, en caso de que así fuera, se procede a identificar quién no realizó su trabajo ante lo señalado.

Javier Diez García, recordó que existen las instancias correspondientes para denunciar las construcciones ilegales, “el problema es que las autoridades son extremadamente lentas, porque se tiene que ir a revisar la instalación”.

“Es un procedimiento tardado interponer una queja, sin embargo, es lo mejor porque no hay la posibilidad de decir que no se avisó”, sólo de esa forma habría una sanción directa a algún funcionario, trabajador o servidor público, declaró.

En el caso del puente de Nezahualcóyotl, en el que el daño se registró a 12 personas, se puede actuar desde la vía penal, donde se reclamaría la omisión en cuanto al deber del estado y/o el municipio. En la vía civil, los afectados pueden demandar la reparación del daño moral, apuntó. 

Dependiendo del tipo de lesiones y el número de personas, la sanción a la que podrían quedar sujetos los responsables es desde meses de prisión en mínima, hasta 9 o 10 años máximo.