La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón informó que el diagnóstico Integral para verificar el cumplimiento de procedimientos y las condiciones para aplicar en los municipios la Ley de Justicia Cívica, ya se encuentra listo y podrá presentarse una vez concluido el próximo periodo vacacional.

Para este diagnóstico, se revisaron comisarías, juzgados cívicos, centros de monitoreo, áreas de protección civil y direcciones de Seguridad Pública, así como áreas de aseguramiento temporal, mejor conocidas como galeras municipales, para constatar que cumplen o no con los procedimientos adecuados y los estándares de infraestructura para la correcta aplicación de la recién ley.

La mayoría de los 125 municipios tienen áreas de oportunidad importantes para trabajar

La titular del organismo defensor, señaló que en un estándar general, de los 125 municipios ni el 10% cuenta con una calificación superior al 5%, lo que hablaría que la mayoría tienen áreas de oportunidad importantes para trabajar y atender con prontitud, cumpliendo con lo dispuesto en la normatividad.

“Todo nuestro diagnóstico de la Justicia Cívica ya lo concluimos, estamos nada más cerrando la integración para poderlo presentar a las autoridades. Haremos un sitio y tendremos una manera interactiva todos los resultados que arrojaron cada municipio y la calificación que nosotros les dimos de acuerdo con los elementos que se establecen en la ley. Tienen muchas áreas de oportunidad los nuevos presidentes municipales”,

dijo.

Destacó que es importante que las autoridades dejen de criminalizar a los infractores administrativos, puesto que ahora la Ley de Justicia Cívica del Estado coloca en el centro el tratamiento humanista y adecuado para los infractores, buscando recomponer el tejido y llevar un orden en la sociedad.

Por otra parte, Myrna García Morón comentó que hay bandos municipales que tienen sobrerregulación respecto de las infracciones administrativas, puesto que el simple hecho de repartir volantes o pegar cualquier tipo de propaganda, incluso en su vivienda, representa una falta administrativa.

Otra de las irregularidades detectadas es que diversas demarcaciones no cuentan con parámetros en la alteración del orden público, por lo que las personas pueden ser llevadas a galeras prácticamente por cualquier razón.