Ninguno de los 125 ayuntamientos puede llamarse desconocedor de las actividades que les corresponden, y en este cambio de administración, se tienen que revisar los asuntos de carácter laboral, deudas y cumplimiento de los planes de desarrollo, especialmente aquellos donde se cambiará de signo político, pues los alcaldes que llegan sin duda denunciarán cualquier anomalía, señaló Victorino Barrios, contralor del Poder Legislativo en la entidad.
Indicó que en el marco del inicio de los procesos de entrega-recepción, los ayuntamientos ya no están en momento de iniciar obras o de aceptar las proposiciones de los gestores que en estas fechas suelen surgir, para que se autoricen actividades que se habían planteado a inicios de la administración, pues no dará tiempo de concluirlas y esto podría generar problemas.
“Que no piensen que no va a pasar nada, este 2018 no habrá año de Hidalgo, a diferencia de otros trienios donde se han llevado hasta el nicho de la bandera o echan azúcar a los vehículos en lugar de gasolina, o los que simulan pagos a proveedores, vamos a estar atentos y hacemos el llamado a denunciar”.
Precisó que la ciudadanía debe estar muy atenta a cómo cierran las administraciones, no sólo en la presidencia municipal, regidores y síndicos, también en las direcciones, pues muchas veces el que hace y deshace no es el de arriba sino los empleados.
Indicó que, gracias a las reformas a la ley, ahora se tiene la ventaja de que la Contraloría legislativa podrá actuar de facto en los procesos de resolución y sanción, al ya no tener que pasar por la Junta de Coordinación Política, por lo que se hará respetar el erario público.
“Se tiene la facultad de sancionarlos con suspensión, destitución y dándole vista al Ministerio Público en caso de encontrar daños a la Hacienda pública”, indicó.