Tras dos meses y medio de manifestaciones y paros, la sede Toluca del Poder Judicial de la Federación ha anunciado el fin de la suspensión parcial de labores, efectiva este 31 de octubre de 2024.
Este acuerdo se alcanzó luego de un diálogo entre magistradas, magistrados, jueces, juezas de distrito y representantes de los trabajadores del Poder Judicial en el Estado de México, quienes se reunieron el pasado 28 de octubre.
A partir del lunes 4 de noviembre, todas las actividades en los órganos jurisdiccionales, así como los plazos y términos procesales, se reanudarán en su totalidad, poniendo fin al período de interrupción.
Con esto, se busca caminar hacia la normalización de las operaciones judiciales tras las protestas generadas por la reciente reforma al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Reforma al Poder Judicial y manifestaciones
El movimiento de trabajadores del Poder Judicial se originó en respuesta a cambios en la ley que, según el gremio, afectarían su estabilidad laboral, su derecho a un salario y prestaciones justas.
La nueva reforma ha sido percibida por algunos sectores como una amenaza a la independencia judicial y la autonomía de los órganos encargados de impartir justicia.
Durante el paro, los trabajadores y titulares de los órganos jurisdiccionales manifestaron su preocupación, demandando que se mantengan las condiciones laborales y se respete la división de poderes, fundamentales en un estado democrático.
Aunque el acuerdo implica el retorno al trabajo, ambos grupos reiteraron que el fin del paro no significa una renuncia a sus demandas y que continuarán explorando nuevas formas de manifestación contra la reforma.
Reanudación de labores del PJF
El regreso a las actividades se formalizará el próximo lunes 4 de noviembre, cuando todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación reanuden sus labores.
La conclusión del paro, señalaron los trabajadores, busca marcar un compromiso renovado de magistradas, jueces y trabajadores para brindar un servicio de justicia eficaz y accesible, que asegure la independencia judicial y la defensa de los derechos ciudadanos.