Por Fernanda García

En julio de 2022, se detuvo a Guadalupe por su presunta participación en los delitos de feminicidio en grado tentativa, abuso sexual y secuestro; sin embargo, se ha demostrado su inocencia en dos de las tres acusaciones, por lo que es considerada víctima de violencia vicaria en el Estado de México.

La madre de dos, recuperó su libertad la madrugada de este martes cuando se le otorgó el cambio de medidas cautelares durante su proceso por el delito de secuestro, lo que le permitió volver a abrazar a sus hijos afuera del penal de Almoloya de Juárez.

Lupita salió del penal de Santiaguito donde estuvo recluida un año y 10 meses, y aseguró que continuará luchando por la dignidad de su familia, con la intención de limpiar su nombre.

Las denuncias, que califica de fabricadas, en su contra, se presentaron después de que en 2021, solicitara la pensión alimenticia al padre de sus hijos.

“Estoy feliz porque hoy lo logré, no lo creía porque solamente Dios sabe dónde, cuándo y a qué hora, y aquí estoy. Los dejé, casi un año y 10 meses sin ellos, ellos me necesitaban, ellos no tienen padre, nada más me tenían a mí”,

dijo.

A Guadalupe la denunció la actual pareja del padre de sus hijos, por lo que la colectiva Aquí Está Mamá la catalogó como víctima de violencia vicaria.

Violencia Vicaria en el Edomex

En el último año, la colectiva ha detectado más de mil casos, por lo que brinda acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas.

Este tipo de violencia, reconocida hace un año en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, es cuando el agresor utiliza a los hijos o hijas como instrumentos para causar daño a su pareja o expareja.

También es común que se fabriquen delitos en contra de las víctimas para alejarle de sus infantes.

Se caracteriza por el uso de los menores como medios para manipular, controlar, o castigar a la madre, generalmente, en contextos de separación o divorcio conflictivo.

Sin embargo, no fue incluida en el Código Penal por lo que no está considerada como un delito.

Según la familia de Lupita, la joven madre de dos hijos sufrió todo tipo de violencia durante su matrimonio, y aunque lo denunció, la investigación no avanzó.

Asimismo, indican que en 2017 ella decidió separarse de su pareja tras descubrir su infidelidad, lo cual no puso fin a la violencia que sufría.

Cuando intentó solicitar la pensión alimentaria y la guarda y custodia de sus hijos, se le acusó de feminicidio en grado de tentativa, secuestro y abuso sexual.

La familia también argumentó que Lupita nunca tuvo contacto con la supuesta víctima y que la denuncia inicial era por lesiones, pidiendo 30 mil pesos a cambio del perdón.

Los cargos de feminicidio y abuso sexual se desecharon, por lo que solo espera que el proceso por secuestro también tenga sentencia de forma absolutoria.