Por Fernanda García
Pese a tener una sentencia vitalicia en su contra por el feminicidio de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, Juan José Hernández Tecruceño, uno de los implicados, ha solicitado que el Tribunal Federal revise su caso, alegando su derecho a rehacer su vida.
Así lo denunció Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia, quien lamentó que, a nueve años del feminicidio de la pequeña de 12 años, aún lucha por justicia, incluso en contra de las instituciones.
Lorena también lamentó que el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) se haya suspendido para los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, exigiendo una atención humana y digna para quienes sobreviven a la tragedia de un feminicidio en México.
“Nos dieron la reposición de la sentencia; sería un acto cobarde que ahora el Poder Judicial Federal retrocediera. ¿Acaso Fátima no tenía derecho a un proyecto de vida? Le arrebataron el derecho fundamental de vivir, soñar y ser libre. Él violó los derechos de mi hija,”
manifestó Lorena Gutiérrez.
A casi diez años, la madre de la pequeña Fátima sigue luchando por justicia
El 5 de febrero de 2015, Fátima Varinia Quintana Gutiérrez fue atacada por Josué Misael y Luis Ángel Atayde Reyes, junto con José Juan Hernández Tecruceño, a solo 150 metros de su hogar en La Lupita Casas Viejas, Lerma.
Los atacantes la violaron, apuñalaron más de 70 veces, mutilaron su cuerpo y le arrojaron una piedra en la cabeza para matarla.
Pese a que los vecinos de las distintas comunidades de la delegación de San Lorenzo Huizizilapan intentaron linchar a los tres sujetos, la familia de Fátima lo impidió con la esperanza de obtener justicia, pero eso no ha llegado.
Misael, uno de los implicado, recibió solo 5 años de internamiento en La Quinta del Bosque por ser menor de edad, y ya está libre.
Además, la familia de Fátima señaló que la falta de atención estatal y las constantes omisiones resultaron en la muerte de su hijo Daniel debido a una negligencia médica en Monterrey, Nuevo León.
Por ello, exigió que no se ponga los derechos de los feminicidas por encima de los de las víctimas y sus familias, ya que esto podría impedir el acceso a la justicia.
En ese sentido, lamentó que, desde que su hija fue asesinada, 30 mil mujeres en todo el país sufrieron la misma suerte, por lo que “es evidente que hay un estado fallido“.