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Mejora percepción sobre corrupción en la FGJEM

Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

Además de la disminución en la percepción de corrupción, el nivel de confianza en ambas instituciones ha crecido de manera sostenida


La confianza de los habitantes del Edoméx en el trabajo de la Policía de Investigación (PDI) y los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha aumentado, mientras que la percepción de corrupción ha disminuido, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por segundo año consecutivo, la encuesta destaca que la percepción de corrupción en la actuación de la PDI, ha caído de manera notable.

En el año 2022, 71.7% de la población mexiquense consideraba que había corrupción en este cuerpo policial. Esta cifra se redujo a 70.1% en 2023 y en 2024 alcanzó el nivel más bajo registrado desde 2011, con 63.8%. Este cambio representa una mejora significativa en la imagen de la PDI ante la ciudadanía.

En el caso de los agentes del Ministerio Público mexiquenses, la percepción de corrupción también ha mostrado una tendencia a la baja. Mientras que en 2022 77.3% de las personas encuestadas percibía corrupción, en 2024 este porcentaje disminuyó a 69.7%, sumando así el segundo año consecutivo de mejora en este indicador.

Además de la disminución en la percepción de corrupción, el nivel de confianza en ambas instituciones ha crecido de manera sostenida. 

La confianza en la PDI aumentó 12.1 puntos porcentuales en los últimos dos años, pasando de 42.1% en 2022 a 54.2% en 2024. En cuanto a los agentes del Ministerio Público, el nivel de confianza incrementó 8.3 puntos en el mismo periodo, alcanzando un 58.8% en 2024.

Según los datos de la ENVIPE, la mejora en la percepción de la población refleja un avance en la confianza hacia las instituciones de justicia en el Estado de México. 

La encuesta, realizada a población mayor de 18 años, busca medir no sólo la victimización, sino también la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública.