A pesar de que existe en la entidad un importante déficit de vivienda, es también no dejar de lado el número tan alto de casas abandonadas que hay en los municipios, por lo que es necesario mejorar el programa de recuperación, a fin de tener más opciones para que las personas interesadas ejerzan su crédito, consideró, Alberto Rodríguez Tiscareño, delegado en el Valle de Toluca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En este sentido, refirió que se tiene registrado un déficit de entre 850 y 870 mil hogares en la entidad, mientras que alrededor de 500 mil unidades se encuentran en condiciones de abandono, pero con posibilidades de rescate.
Si bien dijo, el Infonavit no cuenta con un registro fiable de la gravedad del problema, durante este año se espera la conclusión de un censo, especialmente en los municipios donde se presenta con más agudeza el abandono de vivienda, tal como Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Ixtapaluca, Almoloya de Juárez, Toluca, Huehuetoca, Tultitlán, Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Entre las principales causas para que se observe el abandono enumeró, la inseguridad, la falta de transporte público, la lejanía de los centros de trabajo y de planteles educativos, así como la carencia de servicios básicos como el agua, la luz y el drenaje.
En este sentido, conminó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a crear un esquema especial para la recuperación de las casas abandonadas, atacando de facto estos aspectos, pues con ello consideró, sería posible tener un gran margen de recuperación de las zonas habitacionales.
Lo anterior, ya que el Infonavit, en el territorio estatal emitió un total de 34 mil 279 créditos, cuando se tiene un registro de 1.7 millones de trabajadores, los cuales podrían aprovechar su crédito para adquirir una de estas viviendas.
Cabe destacar que el problema de las que están abandonadas en la entidad se ha agudizado por la sobre oferta que se ha generado al paso de los años, pues tan sólo en menos de dos décadas, se autorizaron más de 400 conjuntos urbanos con un total de 803 mil casas.
Y se construyeron bajo un desorden en cuanto a falta de servicios, difíciles zonas de acceso, así como despojos en zonas ejidales e indígenas, situaciones que terminan provocando el abandono de la vivienda o incluso la falta de venta de las propiedades.