El combate a la corrupción y la austeridad serán las bases que impulsarán los 25 legisladores que conformarán el grupo parlamentario de Morena en la LX Legislatura mexiquense, e indicaron que plantearán una reducción de hasta 30 por ciento al presupuesto gubernamental, incluyendo a los tres poderes del estado; también presentaron su agenda legislativa que contempla seis ejes transversales.
De acuerdo con las valoraciones, el estado está en condiciones de generar con la medida de la austeridad ahorros significativos que se utilizarán apara apoyar a quienes más lo necesitan; Maurilio Hernández ejemplificó que este año, el Ejecutivo ejerce un presupuesto de más de 280 mil millones de pesos, lo que con la reducción quedaría en 84 mil millones de pesos.
En el rubro legislativo que cuenta con mil 800 millones de pesos se espera que descienda a 540 millones para 2019.
“Este grupo parlamentario hará el planteamiento correspondiente al pleno de la sexagésima Legislatura para que iniciemos esa reducción de 30 por ciento empezando con los propios diputados, habremos de renunciar a lo que implican gastos colaterales.
Vamos a plantear la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, eliminación del apoyo para vehículos, reducción de personal auxiliar para la atención de las tareas legislativas o de campo, habremos de ajustar a lo estrictamente necesario”, advirtió Maurilio Hernández González quien será el coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional al precisar que éste plan se convertirá en un principio por el cual, desde el 5 de septiembre habrán de regirse.
A la par, los próximos diputados presentaron su respectiva Agenda Legislativa basada en seis ejes transversales: parlamento abierto, austero y transparente en donde pretenden eliminar el Programa de Apoyo a la Comunidad y reducir las Comisiones Legislativas; Reingeniería presupuestal con respectiva de vínculo social y productivo en donde se convocará a comparecer al secretario de Finanzas.
En el tercer eje, Combate frontal a la corrupción e impunidad, establecen que todo servidor público de primer nivel y particulares que administren recursos públicos estén obligados a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3; en Justicia Social, Desarrollo Económico y Urbano derogarán la Ley ISSEMyM y a fiscalizar para los afectados del sismo del 19 de septiembre.