Multa administrativa, inhabilitación para ocupar cargos públicos en un futuro y prisión de uno a cuatro años, son algunas sanciones que se podrían aplicar a los servidores públicos que no cumplan con el proceso de entrega-recepción en las administraciones públicas municipales.
Al ser uno de los temas más recurrentes en cuanto a quejas ante la contraloría del Poder Legislativo, su titular, Victorino Barrios Dávalos, hizo un llamado a los ayuntamientos para que comiencen a prepararse, a fin de acatar esa obligación.
Puntualizó, que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como el Código Penal de la entidad, todo aquel servidor público que sin causa justificada incumpla con la entrega, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión, multa de 30 a 150 días, multa e inhabilitación por 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Precisó que el proceso de entrega-recepción considera ciertos lineamientos que obliga a las autoridades salientes a integrar mediante informes, los expedientes, pruebas documentales y verificaciones físicas diversas de los elementos muebles, inmuebles, de equipo, archivos, almacenes, inventarios y demás  documentos relacionados con los programas, presupuestos, recursos, es decir, todo lo que fue su administración municipal.