Si bien, hoy en día ya es obligatorio para quien aspira a un cargo de elección popular no ser deudor alimentario, presentar su carta de no antecedentes penales, ni haber cometido violencia, también es necesario que se modifiquen las leyes para agravar la penalidad a quien cometa violencia y ostente un poder político, señaló el diputado del Partido Acción Nacional, Francisco Javier Santos Arreola.
“Cuando una persona tiene poder, tiene la obligación de cuidar al más indefenso y proteger a la ciudadanía, si el poder es político y económico y lo utiliza para protegerse o para hacerle daño a una persona indefensa, debería aplicársele el delito de violencia como una agravante. Muchos alcaldes, lejos de tener el privilegio de servir a las personas, ocupan su poder para hacerles daño y eso ya no debe ocurrir”, destacó.
En este aspecto, ejemplificó lo acontecido recientemente con el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, quien dijo, se pudo evadir de la ley gracias al poder que tenía “sino estuviera tras las rejas y eso es lo que no podemos permitir, no importa de qué partido político sea, lo que la sociedad no debe tener son políticos que ocupen el poder para hacerles daño”.
En el mismo sentido, la diputada de Morena, Mónica Álvarez Nemer, refirió que se debe dotar de dientes a las leyes para que estos hechos, como los ocurridos en Toluca y Tianguistenco, no vuelvan a ocurrir, que las y los presidentes municipales sepan que habrá una sanción severa de incurrir en algún delito, más si se trata de violencia contra la mujer.
A la pregunta expresa respecto a si debe obligarse a la autoridad a emitir un extrañamiento o dar a conocer la información elemental de existir un caso de violencia de género y/o violencia familiar, sin violar la secrecía del expediente, ambos legisladores coincidieron en que el tema se debería analizar a profundidad, pues el responsable podría quedar libre al caer en una violación al debido proceso o violar sus derechos humanos, por lo que la propuesta debiera ser analizada junto con el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia.
“El tema de manejar un proceso con secrecía es constitucional y hay que darnos cuenta que si no se hace el debido proceso, lo que hará es que el culpable pueda quedar libre por no haber hecho la investigación conforme al procedimiento constitucional”, dijo el legislador panista.
Asimismo, indicó que sería bueno materializar la creación de un padrón de personas violentadoras, tal y como ya se ha propuesto en diversas ocasiones, a fin de que cualquier persona o institución pueda conocer si alguna persona ha ejercido violencia en algún momento de su vida; sin embargo, Francisco Santos, comentó que la propuesta no ha podido avanzar, debido a que se refiere que se podría caer en una violación a derechos humanos.
