Para avanzar hacia un sistema penitenciario moderno y eficaz, se pretende expedir la Ley de Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México y crear el Centro de Supervisión de Libertad, que vigilaría el actuar de las personas privadas de la libertad que accedan a beneficios preliberacionales.
Con este organismo desconcentrado, se busca evaluar y supervisar a los PPL con libertad anticipada para garantizar su adecuada inserción social, laboral y familiar, y evitar poner en riesgo a las víctimas, ofendidos, testigos y a la sociedad en general.
Los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura, iniciaron el análisis de esta iniciativa que fue presentada por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), cuyo objetivo también es el despresurizar los centros penitenciarios que en su conjunto registran un sobre cupo de más del 160%, albergando hoy en día a cerca de 34 mil internos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, participó en la reunión de trabajo de la comisión para fortalecer el análisis, explicando que dentro de la Ley que se propone se establecería la estructura del Centro de Supervisión; se determinaría la forma en la que se tramitarán los procedimientos para la obtención del beneficio; se fija las condiciones y restricciones para la persona beneficiaria y las consecuencias en caso de incumplimiento de la libertad condicional; define a los órganos auxiliares; y dispone la creación de una base de datos de cuántos acceden o pierden los beneficios preliberacionales.
Impacto presupuestal
A la par, aclaró que el Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal, sería un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, actuaría con autonomía técnica y de gestión, requeriría de más de 8.7 millones de pesos para su operación anual, y en este estarían participando peritos, psicólogos, sociólogos y de más personal que no deberán estar adscritos a la Secretaría de Seguridad ni al Poder Judicial.
“Hoy por hoy, sale una persona preliberada y se va a la buena de Dios, no hay alguien que supervise su comportamiento o que no dañe más a las víctimas y ofendidos, quien vea si está trabajando o no y valide si está cumpliendo con el régimen que el juez le ha impuesto”, señaló.
Ante las preguntas de los diputados, Sodi Cuellar aclaró que, de darse el visto bueno al esquema, éste no tendría impacto para el presupuesto de 2023, sino en el de 2024, para que el próximo año enfoquen sus esfuerzos a la formación, selección y operación de todos quienes integrarán este órgano.
Edoméx pionero en el tema
De aprobarse esta iniciativa, dijo, el Estado de México será punta de lanza y referente ante las demás entidades, en virtud de que carecen de este ordenamiento legal; daría cumplimiento a lo exigido por la Ley Nacional de Ejecución Penal que se ha ignorado por otros estados; y se estaría brindando certeza y seguridad jurídica a los actores procesales sobre la supervisión y vigilancia de la libertad en ejecución penal.
“El Centro de Supervisión coadyuvará con el juez de ejecución penal en la valoración del riesgo objetivo, porque cuando se considera el otorgamiento de beneficios preliberacionales, se tiene que valorar el riesgo objetivo de fuga o el riesgo que permita la inserción o la no inserción social de las personas”, agregó.
