Justificando el inicio de la cuarta transformación, los diputados locales de Morena han solicitado abrogar el decreto 87 de la XXXVI Legislatura del Estado de México para retirar los privilegios a los que son acreedores actualmente los exgobernadores mexiquenses.
De acuerdo a la iniciativa presentada por la diputada Azucena Cisneros Coss, el decreto establece que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador serán merecedores a un jefe de ayudantes, un chofer ayudante, tres ayudantes de seguridad, una secretaria particular, así como otro tipo de personal, teniendo en promedio a 32 personas a su servicio por cada exfuncionario.   
“Por los 6 exgobernadores, que son a quienes se les otorga estos beneficios, son cerca de 200 personas con cargo al erario público, tienen diferentes salarios, varían, porque son policías que tienen desde 15 a 20 mil pesos y asesores de hasta 30 y 40 mil pesos”, señaló en entrevista.
Con lo anterior, se busca que a los ex titulares del ejecutivo no se les destine personal a su cargo para desempeñar actividades ajenas al servicio público.
“No debe haber ningún privilegio, no creo que algún ex gobernador quiera defender lo indefendible. Hay un estado en emergencia, con carencias de recursos, hay mucho qué hacer y recortar en el gobierno del estado en temas de presupuesto”, indicó.
En el tema, adicionó que cuando estén en riesgo, tendrá que haber una excepción para el destino de personal de seguridad; sin embargo, ello le corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la entidad.
Asimismo, el documento de la iniciativa refiere que la asignación de personal de apoyo se encuentra representando una pensión económica encubierta destinada a premiar el paso por la administración pública a los gobernadores que ha tenido el estado. Ninguna pensión o bono extra resulta compatible con el deseo transformador. El Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, con un incremento en la deuda pública del 17.41% del año 2013 al 2017”, suscribe el mismo.
Cabe mencionar que esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, encabezada por la priista Mercedes Colín Guadarrama y de Finanzas Públicas, cuyo presidente es el petista Francisco Rodolfo Solorza Luna, para su estudio y valoración de la viabilidad.