Si bien, se han realizado varias reuniones de trabajo entre integrantes de las Comisiones de Planeación y Gasto Público con Finanzas Públicas, y funcionarios de la Secretaría de Finanzas para el análisis del Paquete Fiscal 2022, no se ha llegado hasta el momento a ninguna determinación en concreto, por lo que pudiera ser en el mes de enero cuando pueda ser aprobado.
De acuerdo con lo referido por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, Maurilio Hernández, la ley establece que el estudio y análisis de la propuesta del Ejecutivo tendría que darse como límite hasta el 15 de diciembre próximo; sin embargo, explicó que hay una alternativa, también legal, para que se lleve al extremo y se apruebe hasta finales de enero del próximo año.
Señaló que de no haber las condiciones para que el Congreso pueda avalar el Presupuesto para 2022, por no llegar a acuerdos o tener aún dudas por aclarar, las comisiones unidas se podrían declarar en sesión permanente hasta en tanto tengan un dictamen, lo que conllevaría a que el Periodo Ordinario en curso tampoco se clausure.
“Al declararse en sesión permanente, el periodo ordinario tampoco se puede clausurar, entonces quedará abierto y tenemos, también por término legal, hasta el día último de enero para aprobarlo definitivamente, de no ponerse de acuerdo, se debería aprobar la propuesta original que el Ejecutivo remitió al Congreso”, detalló.
El legislador dijo que los temas principales que han demorado su avance, han sido la solicitud de creación de nuevos impuestos y la procedencia de una nueva deuda pública para proyectos federales y estatales.
Con relación a lo primero, indicó que el Grupo Parlamentario de Morena ve viable la creación de dos de los cuatro impuestos que se plantean, siendo estos: el Impuesto Ecológico y a Casas de Empeño, pues dijo, ambos traerían beneficios a la ciudadanía y serían aplicables de manera justa, a quienes generan contaminación ambiental y a quienes se quedan con pertenencias de la ciudadanía que no logran refrendar su empeño.
Señaló que la principal traba tiene que ver en los impuestos cedulares por la Prestación de Servicios Profesionales y por realizar Actividades Empresariales, los cuales habrán de requerir de un análisis más profundo.
Por cuanto hace al tema de la deuda pública por 9 mil 500 millones de pesos que solicita el Ejecutivo, Maurilio Hernández comentó que hasta el momento sólo tienen clara la distribución -en porcentaje- del nuevo financiamiento y los proyectos federales a los que se les destinaría recursos; sin embargo, aún no conocen la lista de proyectos estatales a los que se les estaría invirtiendo.