El Congreso Local aprobó exhortar a los 125 municipios a que garanticen a través de sus Bandos Municipales que las niñas, adolescentes y mujeres puedan transitar en la vía pública con libertad y seguridad.
Con lo anterior, se aprobó la propuesta presentada por la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Jiménez Hernández, que busca hacer frente al acoso callejero que sufren las mujeres, pues dijo, datos del Secretariado Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que al 2021 en todo el país existieron 9 mil 136 casos de acoso y hostigamiento sexual, de los cuales, tan sólo en el Estado de México existe un registro de mil 544 casos.
Indicó que el acoso sexual callejero suele manifestarse a través del acoso no verbal, verbal, físico, mediante registro audiovisual, y persecuciones.
Asimismo, el documento refiere que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021), establece que las mujeres son más vulneradas a los delitos sexuales; de igual forma, refiere que 3.1 millones de mujeres han vivido delitos sexuales, como hostigamiento o intimidación sexual, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación sexual.
Referente a la percepción sobre la seguridad pública en lugares específicos, a nivel nacional las mujeres se sienten más inseguras en el cajero automático en vía pública con 85.6%; en el banco con 74.3%, en el transporte público con 73.8%, en la calle con 69.5% y en la carretera con 64.8%, entre otros.
Ante dichas estadísticas, señaló que es importante que los gobiernos municipales actúen para adecuar sus bandos municipales y sancionar el delito, tal y como se hizo en el municipio de Toluca durante 2019, al sancionar los piropos, las nalgadas y demás agresiones físicas y verbales con un arresto inconmutable de 24 horas, pero en caso de reincidencia la sanción llega a 36 horas, o como en el municipio de Naucalpan donde en su Bando publicado en 2020 contempla imponer una multa de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización o, en su caso, arresto administrativo de hasta 36 horas a quien cometa este tipo de violencia.
