Representantes del colectivo Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, emplazaron a las y los candidatos al gobierno del Estado de México a entablar un diálogo serio para erradicar las muertes violentas en contra de las mujeres e incluir el tema en sus agendas; entre el 2015 y 2016 registraron 626 casos, de los cuales sólo 296 reconoce la Fiscalía mexiquense.
Encabezadas por Irinea Buendía Cortes, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, revelaron la reactivación de 258 expedientes rezagados lográndose la resolución del 10% de los casos, mientras en el resto los victimarios permanecen impunes, pero fue gracias a la intervención del grupo de Atención e Investigación de Asuntos de Alto Impacto, que se logró insistir ante el MP para agilizar la atención a esos asuntos de otro modo van a archivo, o en su caso permanecen en el olvido dependiendo de la liquidez de los familiares de la víctima para que se agilice la integración de las carpetas.
Representantes @OCNF emplazaron a las y los candidatos al gobierno del Edomex a entablar un diálogo serio para erradicar los #feminicidios pic.twitter.com/RvPiq07bja
— Capital EdoMex (@CapitalEdomex) 18 de mayo de 2017
Apatía
María de la Luz Estrada Mendoza, presidenta de la OCNF, lamentó la apatía no sólo de los candidatos varones, sino de las mujeres que aspiran gobernar el Estado de México, al carecer de propuestas que terminen con la violencia hacia las mujeres, ya que aumenta en el Valle de México, y que con todo y la alerta de genero en 11 municipios se requiere fortalecer estructuras, herramientas, estrategias que apliquen rigor contra funcionarios que no den celeridad y seriedad a la atención de los feminicidios.
Además propuso incorporar personal profesional especializados en áreas determinantes como son la forense, entre otras actvidades que por escrito han entregado a cada uno de las y los candidatos, sin embargo, confían en tener el acercamiento y diálogo respectivo.
Texcoco
Con todo y la alerta de género en los 11 municipios mexiquenses: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, los feminicios siguen en aumento, que también debería incluirse Texcoco, consideraron las representantes sin embargo, advirtieron que se requiere de voluntad política para abordar el tema con seriedad y dar certidumbre a las mujeres de que se toman acciones reales no discursivas.
Rechazaron que el aplicar la alerta de género incida en reducir los índices de feminicidios en el Estado de México, si bien se reconoce un patrón de violencia feminicida en esos municipios mexiquenses lo cierto es que hay 258 expedientes inconclusos, ya que no hay una debida diligencia en las investigaciones por parte del personal ministerial, y existen actos de obstrucción y corrupción.
En este punto se recomendó adoptar medidas que aseguren pronta solución a cada caso reportado y garantice a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la justicia ya la reparación integral.
Sanciones a servidores
Piden las integrantes del colectivo OCNF implementar medidas de revisión, supervisión y sanción a las y los servidores públicos encargados de la procuración de justicia que obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas o no investiguen con la debida diligencia y bajo una perspectiva de género, los casos de violencia contra las mujeres.
Deberán las y los candidatos incluir estos requerimientos acciones que logren agilizar la búsqueda y localización inmediata de las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, así como para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables de su desaparición.
Exigen efectividad en la coordinación interinstitucional para coordinar las instancias de los distintos niveles de gobierno y que no encuentren excusas como “se fue con el novio” que ha sido la frase más repetida en todos los casos de desaparición, indicaron.
Se pronunciaron por crear un Banco de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres del Estado de México (BADAEMVIM), diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, así como crear y adoptar protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a nivel estatal y municipal, para la tramitación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, entre otros planteamientos que están dispuestas a presentarles personalmente ya que por escrito ya lo hicieron.