Informacion Guillermo Espinosa

El fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, confirmó que pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, actuaron en “Legítima Defensa y no habrá responsabilidad penal en contra de ellos”, durante los lamentables hechos ocurridos el pasado 8 de diciembre en la comunidad, en los que perdieron la vida 14 personas y resultaron lesionadas 7 más.

El abogado del Estado de México, aseguró que en el periodo del 9 al 20 de diciembre, se practicaron periciales en diversas disciplinas a la totalidad de los fallecidos.

“Durante este proceso, fue posible establecer plenamente su identidad y sus cuerpos fueron restituidos a sus deudos”.

Cervantes Martínez, dijo, que como oportunamente se informó, de ellos, 4 corresponden a pobladores de Texcapilla, en tanto que 10 más, identificados como Cristóbal “N”, Camilo “N”, Pedro “N”, Hugo César “N”, Enrique “N”, Eduardo “N”, Marcelino “N”, Freddy “N”, Cristopher “N”, así como Rigoberto “N”, este último alias “Payaso”, se presume se encuentran relacionados con el grupo criminal agresor.

“Debo subrayar que en la atención de estos hechos, la Fiscalía del Estado ha actuado en todo momento con prontitud, imparcialidad y firmeza, con plena observancia a los derechos fundamentales de los involucrados”.

“En este sentido, cuando el agente del Ministerio Público advierte que como consecuencia de sus investigaciones, no existen elementos para sustentar la responsabilidad de quienes participaron en un hecho con apariencia de delito, tiene la plena facultad para emitir una determinación que se ajuste a esa realidad fáctica y jurídica”.

José Luis Cervantes, señaló que luego del análisis de los hechos que nos ocupan, donde 10 personas del grupo agresor perdieron la vida y otros más resultaron lesionados en un campo deportivo de la comunidad de Texcapilla, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México advierte que se actualiza la legítima defensa, como causa de exclusión penal prevista en el artículo 15 fracción III, inciso b), párrafo primero, del Código Penal vigente en la entidad.

“En efecto, si bien la concepción tradicional de esta figura no toma en consideración el contexto en el que sucede la agresión, así como la respuesta a ella, su análisis debe ser abordado bajo la perspectiva de grupos que pudieran presentar alguna condición de vulnerabilidad, entendida ésta última como producto de las particulares condiciones de ubicación geográfica, culturales y socio económicas de los intervinientes”.

El fiscal estatal, presentó cuatro acciones derivadas de los hechos tras las investigaciones realizadas.

Primero:
La repulsa a la agresión cometida en contra de los habitantes del municipio, fue consecuencia a una acción ilegal e ilegítima y sin derecho a ello, a manos de un grupo delincuencial.

Segundo:
La agresión fue real, actual e inminente, toda vez que se acreditó que los pobladores y sus familias se encontraban bajo constante amenaza, constituyendo éste el mal inminente que justifica emplear la defensa, estas se cumplieron y en razón de ello privan de la vida a 4 pobladores y lesionan a 5 más.

Lo anterior se deriva de las entrevistas, actas y certificados médicos, dictámenes de necropsia, cuya vecindad quedó acreditada en los nueve casos, como también quedó acreditada la causa de las lesiones que sufrieron, producto de que se accionaron armas de fuego de grueso calibre en su contra.

“La agresión fue actual, toda vez que los pobladores se defienden inmediatamente después de ser agredidos con disparos de arma de fuego”.

Tercero:

Otro elemento que se logró acreditar, fue precisamente que de no existir por parte de los pobladores la voluntad de proteger sus bienes jurídicos, es altamente probable que los daños hubieran sido aún mayores, toda vez que utilizaron para su protección instrumentos propios de su actividad laboral que portaban en ese momento.

Cuarto:
Queda actualizada la racionalidad de los medios empleados, debido a que se acreditó que en ese evento fueron amenazados y amedrentados por un numeroso grupo delictivo que portaba armas e indumentaria que son propias de las fuerzas de seguridad, aunado a que de acuerdo a entrevistas fueron estos últimos quienes accionaron inicialmente las armas de fuego que portaban.

“Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ejercitará acción penal únicamente por lo que respecta a los integrantes del grupo criminal que de alguna forma intervinieron en los hechos, sea como autores o partícipes, pudiendo o no haber estado en el lugar de los hechos en el momento de su comisión”.

“Por lo antes expuesto, quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Texcaltitlán que fueron objeto de la agresión”.

Respecto a las personas desaparecidas, el fiscal señaló que a la fecha se han emitido 14 boletines de búsqueda en relación con estos hechos, los cuales se generaron a paso y medida que la autoridad investigadora se allegó de datos de identidad de los desaparecidos y para su elaboración se contó con la colaboración de los familiares.

“Los boletines emitidos por la Fiscalía contienen datos de media filiación, nombre completo y fotografía y se continúa su difusión en redes sociales y plataformas digitales oficiales, además fueron compartidos a las Fiscalías de las 31 entidades federativas, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de manera física se distribuyeron en la región donde sucedieron los hechos”.

Las personas buscadas cuyos nombres y apellidos se encuentran en los boletines de búsqueda son las siguientes:

Keyli Nataly Huicochea Trinida, de 1 año y 6 meses, Dilan Tadeo Huicochea Trinidad, de 4; Lucero Huicochea Esquivel, de 13; Edwin Huicochea Esquivel, de 14; Ana Teresa Huicochea Esquivel, de 19; Nataly Guadalupe Huicochea Esquivel, de 23; Javier Balbuena Albarrán de 23.

Además de Germán García González, de 25 años; Joel Huicochea Arce de 34, Norma Esquivel Ortiz de 36, Pablo Esquivel Salcedo de 42, Urbano Alejandro Ramírez Mercado de 49, Rodrigo Calixto Ramírez de 64 y J. Trinidad Huicochea Salcedo de 67 años.

Para complementar las investigaciones, el 14 de diciembre se solicitaron datos de los desaparecidos en Plataforma México y en el Sistema Único de Información Criminal Estatal (SUICE).

Asimismo señaló que de manera paralela y con objeto de recabar mayor información respecto del paradero de las personas desaparecidas o de la ubicación de quienes pudieron haber participado en su desaparición, se iniciaron acciones operativas coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las cuales participan personal de:

Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

En ese sentido, desde el inicio de la investigación y hasta el día de hoy, se han realizado incursiones en los municipios de Texcaltitlán, San Simón de Guerrero, Villa Guerrero, Temascaltepec, Coatepec Harinas, Sultepec y Tejupilco, donde fueron inspeccionados diversos inmuebles.

“Se efectúan reconocimientos mediante vuelos tripulados y no tripulados en sitios donde se tiene conocimiento que se asienta una célula del mismo grupo delincuencial al que se le atribuyen los hechos del 8 de diciembre”.

Se han deshabilitado diversas antenas de comunicación de mediana tecnología, utilizadas por el grupo criminal, se aseguraron vehículos, armas y cartuchos útiles.

Destaca la detención entre otros aseguramientos, la de 3 presuntos integrantes a un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, identificados como Jesús “N”, Daniel “N” y Ángel Daniel “N” alias “El Nopal”, este último es señalado como generador de violencia y objetivo relevante.

Más allá de lo denunciado en sede ministerial y de lo investigado hasta este momento por la Fiscalía del Estado de México, los indicios y datos de prueba recabados no establecen exigencia económica o condición alguna para la entrega o intercambio de las personas buscadas.

“Nadie se ha atribuido hasta el momento, la autoría o participación en la privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o paradero de las personas desaparecidas”.

Finalmente el fiscal, Invitó a la sociedad para que aporte cualquier dato o información que permita esclarecer el paradero de cada una de las personas desaparecidas:

“Para lo cual hacemos del conocimiento público que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para su localización”.