Buscan de nueva cuenta impulsar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Estado de México, el Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa que no logró avanzar en la LX legislatura, pero de manera renovada.
La propuesta presentada ante el Pleno propone legalizar la interrupción del embarazo, no sólo evitando su penalidad antes de las 12 semanas de gestación, sino establecer una serie de mecanismos de carácter administrativo que definan la obligación del Estado de prestar el servicio de interrupción legal del embarazo de forma gratuita, segura e informada.
“La iniciativa es de vanguardia, es contraria y distinta al resto de las entidades que sólo se enfocan a lo penal, nuestra iniciativa es más integral, reformando disposiciones del Código Penal; del Código Administrativo, el Código Civil y la ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Estas reformas no son un tema político, jurídico, ni tampoco moral, vamos a sacar de la clandestinidad al aborto, legislamos por la salud y la autonomía”, refirió la diputada presentante, Anaís Miriam Burgos Hernández.
Por su parte, el líder de la bancada morenista, Maurilio Hernández indicó que la apuesta está en que sea dentro de la LXI Legislatura en donde se apruebe la ILE, pese a que adelantó que no quedará lista antes que termine el año.
Asimismo, indicó que dentro de la bancada habrá un voto de conciencia coincidente, más no un voto de línea, ello al señalar que hasta el momento, los 29 diputados de Morena se han manifestado a favor de la propuesta.
Cabe señalar que la iniciativa presentada contempla incorporar la objeción de conciencia para las y los médicos o especialistas de la salud, a fin de protegerles su derecho a preservar sus creencias personales sobre este tema.
En relación al ámbito de la salud, indica que las medidas de prevención estarán dirigidas a una educación integral sexual, facilitando el acceso de métodos anticonceptivos eficaces y la práctica de la interrupción del embarazo legal y seguro dentro de la 12 semana de gestación.
Además, refiere que las secretarías de Salud y de la Mujer en coordinación, deberán realizar campañas a nivel estatal de prevención, para difundir los derechos de las mujeres en materia de salud; reproductivos y sexuales; a la privacidad y a decidir.
“Legalizar la interrupción del embarazo, no implica que sea obligatorio o que se recurra a éste como un método anticonceptivo; sin embargo, al estar penalizado, criminaliza a todas las mujeres, creemos firmemente que la maternidad debe ser una decisión y no una obligación; merecen contar con toda la información y respaldo institucional para tomar una decisión sin exponer su salud, vida e integridad”, se indicó.