Los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo presentaron, por separado, sus iniciativas para expedir la Ley de Amnistía del Estado de México, la propuesta de Morena considera 14 supuestos en los que se concede la amnistía; mientras que la del PT sólo cuatro.

Propuesta Morena

Su propuesta de ley contempla cuatro capítulos, considera 14 supuestos en los que se conceden la amnistía y establece que a partir de la presentación de la solicitud y hasta la liberación del solicitante sólo podrán transcurrir 17 días hábiles.

La bancada de Morena justificó que el 83% de las personas recluidas en un penal del estado, son primodelincuentes recluidos por daños patrimoniales como el robo, por lo que resulta fundamental expedir una ley que beneficie a las personas que por razones políticas fueron acusados de delitos graves para no tener derecho a la libertad condicional; a quienes fueron sentenciados por el delito de aborto; homicidio por razón de parentesco; robo; a mujeres acusadas y sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o de sus hijos; a personas en prisión preventiva, cuando hayan excedido de dos años y quienes han hecho uso lúdico y medicinal de la cannabis, así como los campesinos e indígenas que defienden el agua y los bosques, y que actualmente están privados de su libertad.

“La amnistía puede fomentar que personas sin antecedentes delictivos, que cometieron delitos con penalidades bajas, o bien, fueron forzados, puedan solicitar su liberación”, indica el documento y enfatiza que para despresurizar los penales mexiquenses, se debe pensar en la amnistía y no en construcción de más centros.

Afirmaron que las estadísticas y evidencias demuestran que las personas en condición de marginación y que son recluidas, garantiza violaciones en procesos y derechos humanos. Sustentaron además que la permanencia prolongada en prisión de estas personas encarceladas en un primer momento por cometer delitos no graves o de baja penalidad, puede fomentar que la delincuencia organizada con base en amenazas, induzca a estos a continuar cometiendo delitos con mayor incidencia y gravedad.

Personas acreedoras a amnistía

La amnistía podrá concederse a adolescentes, mujeres, personas en situación de pobreza, de vulnerabilidad, sea campesina o campesino, tenga una discapacidad permanente, padezca alguna enfermedad terminal o crónico-degenerativa, sea mayor de 65 años o cuando el delito se haya cometido por indicación de su pareja sentimental, familiar o por afinidad, por temor fundado, así como quien haya sido obligado a cometerlo por grupos de la delincuencia organizada.

Los anteriores siempre y cuando hayan cometido un delito no grave, cuando la pena máxima no exceda de 10 años de prisión y cuando menos haya compurgado la mitad de la pena y mostrado buena conducta, de cumplir con lo anterior, la persona interesada o su representante legal, familiares y organizaciones u organismos públicos defensores de derechos humanos, podrán tramitar la solicitud que tendrá que ser analizada por jueces del Poder Judicial.

Dentro de los transitorios, la propuesta establece que las personas serán sujetas de la amnistía sólo durante el periodo constitucional de la LX Legislatura.

Propuesta PT

A diferencia de la anterior, la iniciativa del Partido del Trabajo únicamente contempla cuatro supuestos para conceder la amnistía: a quienes estén recluidas por el delito de aborto; por los delitos contra la salud; por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura; y por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Indica que las solicitudes sólo podrán ser presentadas por los familiares directos del interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos y estipula que las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos.

 Es de referir que en la actualidad hay poco más de 30 mil personas privadas de su libertad en 22 penales estatales, cuya capacidad está dispuesta para 13 mil reos.