El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, convocó a senadores y diputados a suscribir un Pacto de Civilidad para blindar los temas pendientes, como la designación del fiscal anticorrupción, de los procesos electorales y discutirlos y aprobarlos en un periodo extraordinario de sesiones.
Insistió que los temas legislativos pueden y deben separarse de la coyuntura de las elecciones de Coahuila, estado de México y Nayarit.
“No podemos firmar un Pacto de Civilidad en el Senado, de todos aquellos que tenemos el interés de abordar estos temas técnicos, de no mencionar estos tres estados y Veracruz. (…) ¿No podríamos hacer eso? ¿No podríamos separar esa discusión electoral, actuar con madurez y poder avanzar en los trabajos? Son complicados, no estamos hablando de temas menores. El poder elegir al fiscal general, al fiscal anticorrupción, las modificaciones a la Ley General de la Fiscalía, los magistrados, son temas que el país nos está requiriendo (…) y al primero que quiera hablar de una elección, pues pedirle que se retire de la mesa”.
Por su parte, Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador político de la bancada del Partido del Trabajo, se pronunció porque el periodo extraordinario se realice en la primera quincena de julio, aunque dijo que estará condicionado a los resultados que obtenga el PRI en la elección del estado de México.
“La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados no pueden irse a descansar, no pueden tomar vacaciones. (…) Tendrá que haber un periodo extraordinario en la primera quincena del mes de julio. (…) Solamente que lo debo decir claro, hay la visión desde el grupo parlamentario mayor y desde el poder público federal, que ese periodo extraordinario lo habrá, siempre y cuando, los resultados en el estado de México los favorezcan”.
Miguel Barbosa dijo que ambas cámaras del Congreso deberían estar trabajando en la construcción de los dictámenes, que serían materia para convocar al periodo extraordinario, entre ellos, una reforma constitucional en materia de Fiscalía General de la Nación, una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y la Ley de Seguridad Interior.