Al referir que registran cerca de 33 mil laudos laborales que no han sido atendidos responsablemente por municipios e instituciones, el secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, informó que se encuentra gestionando la realización de acuerdos para que dichos entes se comprometan a destinar recursos a fin de atender sus laudos.
Refirió que los municipios con mayor número de laudos o con mayor monto de los mismos, son: Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec, además de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
Comentó que tan sólo, con la autónoma mexiquense firmarán esta semana un convenio, donde se comprometen a destinarle recursos económicos para atender los laudos laborales con los que cuentan y están en pláticas también con el Ayuntamiento de Zinacantepec, para hacer lo propio.
“Hacemos un llamado a los presidentes municipales para que se acerquen a la conciliación, porque de otra manera no podremos avanzar, tiene que haber una colaboración de las autoridades, porque difícilmente vamos a avanzar si no contamos con el respaldo de los ayuntamientos y las instituciones, por ejemplo, tenemos ahorita un laudo laboral por 57 millones de pesos”, señaló.
Indicó el funcionario que son muchos los asuntos que trae de retraso el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), los cuales se han generado por olvido, omisión o falta de responsabilidad de las administraciones.
“Había instituciones a las cuales no se tocaba y esos laudos se iban acumulando, vamos a dedicar mayor personal al TECA, para que podamos atender el tema”, dijo.
Norberto Morales comentó que los ayuntamientos concentran prácticamente el 80% de los laudos, mientras que el 20% las instituciones, especificando que la mayoría de las demandas son por despidos injustificados.
Finalmente pidió a los presidentes municipales en turno a no incrementar el problema, y a las autoridades que entrarán en funciones a partir del 1 de enero para que contemplen el destino de recursos para solucionarlos.