El presidente de los bienes comunales de San Juan Coapanoaya, Pascual de la Rosa Gumersindo, informó que hay órdenes de aprehensión contra 167 comuneros que exigen el pago justo por los terrenos donde colocaron torres del Tren Interurbano México-Toluca, delito que desconocen, por lo que promoverán un amparo que proteja a los involucrados, quienes insisten en no permitir que continúe la construcción hasta que no se les haya cubierto el costo por las tres hectáreas.
Explicó que la acusación proviene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) del Gobierno Federal, que busca argumentos legales para no pagar los predios y seguir dando largas, a pesar de las reuniones con representantes de la Secretaría General de Gobierno mexiquense, a quienes se hizo saber que los comuneros cuentan con un amparo que acredita que los terrenos ocupados por la empresa ferroviaria, ubicados en el kilómetro 41 de la carretera MéxicoToluca, actualmente están en litigio.
“Acudimos a la reunión en Lerma, ahí nos citaron, pero no acudieron las personas que estaban comprometidas y por eso nos fuimos. Nosotros contamos con un decreto presidencial que acredita la propiedad a los 167 integrantes de los Bienes Comunales, y eso fue suficiente para que un juez federal nos otorgara la suspensión total de la obra”, detalló.
Por su parte, el representante legal de los inconformes, Santiago Pérez, indicó que fue a partir del lunes comenzaron a hacerles llamadas de hostigamiento, donde se les advertía respecto de la existencia de las órdenes de aprehensión que aún no fueron giradas, por lo que presume, se trata de una forma de presión para que los propietarios de los inmuebles cedan y dejen continuar la obra.
De la Rosa Gumersindo aclaró que esperan ser citados y ahora sí, haya cumplimiento de las autoridades estatales, federales y la empresa GAP, que es la responsable del pago, pero que se niega a liquidar.