Por Fernanda García

De cara al debate nacional sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, propuso que cada año se destine un presupuesto de 4 por ciento de los ingresos de una entidad para la aplicación de la justicia y que éste, sea creciente.

Lo anterior porque actualmente no hay suficiencia judicial por la falta de capital humano. Pese a que México es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que marca que el estándar es de 18 jueces por cada 100 mil habitantes, en el país el promedio es 4.6.

“Pero el Estado de México tiene 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes, somos casi 19 millones de habitantes ya, esto es un país, estamos muy por abajo de la suficiencia judicial y, por eso, en estas épocas de reflexión, ¿qué tipo de Poder Judicial queremos?”,

sostuvo el magistrado presidente.

Se necesita más apoyo para el ejercicio efectivo de la justicia: Cuellar

La justicia penal, dijo, representa entre 8 y 12 por ciento del trabajo, para lo que ha habido preparación y capacitaciones; en lo laboral en sede judicial a través del nuevo modelo, es 3 por ciento de la carga de trabajo de un tribunal, pero lo familiar, que representa entre 70 y 75 por ciento de la actividad de los tribunales de justicia y que ahora se enfrenta también la implementación del nuevo modelo del Código Nacional.

“Nos mandaron con la bendición de nuestras casas, nos dijeron ‘ahí ustedes búsquense la vida, yo les doy, el Congreso de la Unión, el Código, pero los recursos, búsquenlos en sus estados’. Y he sostenido que, para la eficacia de un Tribunal de Justicia necesitamos apoyo económico y la realidad es muy magra”,

afirmó.

En ese sentido, admitió que su aspiración es un Poder Judicial respetado, eficiente y respetable que cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos porque en la justicia de primera línea, impartida por los tribunales locales, dijo, está la tranquilidad de las familias.

En ese sentido, propuso el fortalecimiento de los presupuestos de los tribunales locales para lo que se solicita que al Legislativo federal que se establezca el principio de no reductibilidad de los presupuestos a las entidades federativas y progresividad en los mismos.

También solicitó la constitución de un fondo especial para el apoyo a la administración de justicia local, mismo que calificó de necesario ahora que se enfrenta la implementación del Código Nacional de Implementación de Procedimientos Civiles y Familiares dentro del ramo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.