El grupo parlamentario de Morena de la LXI Legislatura presentó una iniciativa con la que busca que los migrantes cuenten con un traductor en su paso por el Estado de México, a fin de que les pueda ser de apoyo y protección durante su trayecto.  

Debido al gran impacto de migración que existe en la actualidad, señalan que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, los migrantes internacionales comprenden un 3.5% de la población mundial, porcentaje que continúa en ascendencia.

De ahí que el diputado de Morena, Emiliano Aguirre Cruz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México, para proporcionar un traductor o intérprete a las personas que se encuentren en condición de migración en el estado.

Indicó que con ello, se estaría acatando el artículo 14 de la Ley de Migración que establece que cuando el migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la comunicación. 

“Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino”.

“Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables”, señaló.  

Durante Sesión Deliberante, el legislador planteó con su iniciativa que es fundamental que dicho apoyo se otorgue por las autoridades estatales y cuando el migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se tendrá comunicación con él por escrito o por medio de un intérprete.

En caso contrario, se designará como intérprete a una persona acorde a sus necesidades. 

A la par, adicionó que todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.