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Proponen hasta 12 años de prisión a ediles que no paguen o retrasen salarios

Diputada, Karina Labastida

El Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa que busca sancionar a presidentes y presidentas municipales, o titulares de la Tesorería que retrasen, nieguen o reduzcan el sueldo a las personas del servicio público.

La propuesta no sólo busca obligar a las autoridades a que cumplan con el pago de salario, sino también tipificar la conducta, para ello se adicionaría la fracción V, del artículo 340, del Código Penal del Estado de México, para señalar que titulares de presidencia municipal o de la tesorería municipal que retrasen, nieguen o reduzca el pago del sueldo a servidores públicos se les impondrá de 6 meses a 12 años de prisión, de 30 a 150 días multa, y se procederá a la destitución e inhabilitación.  

De manera general, la diputada presentante de la iniciativa, Karina Labastida Sotelo, indicó que del 100% de conflictos individuales de trabajo registrados durante 2022, el 6.1% dieron inicio por “salarios retenidos” sin que exista una causa justificada para retenerlos.  

Pese a que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 98 fracción, señala entre las obligaciones de las instituciones, “pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos”, muchos servidores ven violados este derecho laboral, siendo una conducta reiterada en momentos postelectorales y se agudiza al final de cada cambio de administración municipal. 

“Algunas autoridades, en el último año de gobierno, se abstienen de darle cumplimiento a los preceptos legales sobre el sueldo de sus empleados, esto por diversos motivos, entre los más recurrentes, la falta de aseo financiero, así como la nula planeación financiera”, señaló.  

Ante lo anterior, la legisladora sostuvo que con la propuesta se pretende responsabilizar a los presidentes y tesoreros municipales que incurran en estas prácticas, de dejar total o parcialmente de ministrar el sueldo (primas, aguinaldo, despensas etc.), a las y los servidores públicos previo al término de su administración.

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