Buscando beneficiar la formación educativa de menores de edad, la bancada del PAN ha propuesto que exista la prohibición del uso de dispositivos móviles de comunicación y de navegación en internet en escuelas de educación básica preescolar, primaria y secundaria del Estado de México durante el tiempo destinado a la impartición de horas efectivas de clases.

Lo que se busca con ello, es que sólo puedan utilizarse los dispositivos con fines pedagógicos a petición y revisión de los docentes y tratándose de alumnos con capacidades especiales, que por sus condiciones así lo requieran.

La iniciativa fue presentada por el diputado panista José Antonio García García quien puntualizó que de acuerdo con los resultados arrojados en la evaluación PISA 2015, México ocupó el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conocimientos de los alumnos entre los 6 y los 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, por lo que dijo, resulta fundamental establecer acciones que mejoren el sistema educativo, sobre todo el del Estado de México que cuenta con más de 3.4 millones de alumnos de educación básica.

Al referir el panorama general, el legislador refirió que con datos del INEGI, en México existen 74.3 millones de usuarios de internet de 6 años o más y 73.5% de la población del mismo rango de edad que utiliza un celular.

“Se observa que el acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven del país, pues entre la población entre 6 a 11 años de edad es poco más del 53 por ciento y es de esperar que se incremente con rapidez”, sostuvo.

El documento de la iniciativa indica que son diversos los estudios a nivel mundial que señalan que el uso de dispositivos electrónicos en el aula genera desventajas en el proceso de aprendizaje entre los estudiantes, falta de atención, de concentración, desinterés y desmotivación, situación que se traduce en pérdida de tiempo escolar.

Esta iniciativa fue remitida a comisiones para su análisis, destacando que entre las estipulaciones contempladas en la propuesta, está la de establecer que al aprobarse y decretarse, las autoridades educativas deben ajustar su reglamentación dentro de los primeros tres meses siguientes a su entrada en vigor.