Si bien, el Grupo Parlamentario de Morena estaría presentando en próximos días el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para que se presente al Pleno, se remita a comisiones, se analice a la brevedad y pueda ser aprobado antes de que la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez asuma el cargo, en este se contempla mantener 16 Secretarías.
Como bancada estarían presentando la próxima semana a la Diputación Permanente, esta propuesta que contiene 43 artículos generales y seis artículos transitorios, pretendiendo prácticamente construir una nueva ley, al considerar que la actual tiene más de 40 años de historia, y ha sufrido más de 100 reformas, lo que genera una serie de contrasentidos en la propia ley.
El proyecto de gobierno de Delfina Gómez, se ha dicho, está inspirando en el proyecto alternativo de nación; sin embargo, necesita un marco jurídico tanto constitucional como legal sólido y de mayor sustentabilidad para garantizar los mejores resultados y en poco tiempo.
Modificaciones
En lo general, se buscaría conservar 16 Secretarías y convertir la actual Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en Consejería Jurídica.
Las secretarías, bajo las cuales estaría operando el próximo gobierno y que quedarían intactas serían: la General de Gobierno, la de Seguridad, Finanzas, Salud, la del Trabajo, del Campo, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Movilidad y la de Turismo.
Las dependencias que sufrirían no sólo un cambio de nombre, sino de estructura son: la Secretaría de la Mujer en donde se incorporarían sectores vulnerables, convirtiéndose en la Secretaría de la Mujer, Juventud y Grupos Vulnerables; la Secretaría de Educación también deberá impulsar el arte, la cultura y el deporte de alto rendimiento, denominándose Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
La Secretaría de Desarrollo Social, pasaría a ser la Secretaría del Bienestar, advirtiendo que habrá en esta dependencia una reingeniería que garantice que no habrá programas sociales gubernamentales, sino programas constitucionales, para que no se utilicen con fines electoreros. “A través de esta Secretaría los programas sociales tendrán carácter legal, se fortalecerá el universo de ciudadanos que no alcanzan los programas”.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, cambiaría por la Secretaría de Infraestructura; se crearía la Secretaría de Agua y la Secretaría de la Contraloría sería la Secretaría de la Función Pública, dándole más “dientes” de carácter legal para combatir de origen cualquier tipo de desvío en cumplimiento de la función de los servidores públicos.
En lo general, se plantea hacer una compactación de áreas y jefaturas para dar paso a una administración delgada y austera, pues se considera que actualmente hay poco más de 4 mil unidades administrativas.
