En lo que va de 2023, la Contraloría del Poder Legislativo ha recibido mil 164 denuncias contra servidores públicos legislativos y municipales, derivado de ello, ha iniciado cerca de 300 procedimientos, imponiendo 184 amonestaciones privadas, 72 amonestaciones públicas y 33 inhabilitaciones.
En entrevista para CAPITAL EDOMÉX, Juan José Hernández Vences, contralor del Poder Legislativo, detalló que 579 denuncias se han recibido por un mal actuar de presidentes municipales, regidores, síndicos y diputados locales, mientras que 585 denuncias, en general por no presentar sus manifestaciones de bienes.
Pese a que la Contraloría ha buscado facilitar la denuncia a través del retiro de buzones físicos en ayuntamientos e instancias al ser utilizados como basureros, y la incorporación de códigos QR, la difusión de números telefónicos y correos electrónicos como medios para presentar su inconformidad, dijo, sólo 150 denuncias se han dado vía electrónica y el resto de manera física.
Sobre las 579 denuncias que hacen referencia a responsabilidades administrativas de servidores públicos de elección de los municipios y del Poder Legislativo, especificó que se han iniciado 64 procedimientos, al contar con elementos para llamar al servidor público, darle su garantía de audiencia y en su momento sancionarlos.
Al respecto, comentó que 113 servidores han resultado sancionados (pues una denuncia puede involucrar a varios funcionarios), en su mayoría regidores y servidores municipales, se han impuesto 53 amonestaciones privadas, 55 amonestaciones públicas y cinco inhabilitaciones.
Por otro lado, Hernández Vences, señaló que los ayuntamientos con mayores denuncias son: Joquicingo con 27, Ecatepec 19, Ocuilan 17, Toluca 13 y Temamatla con 12.
Aclaró que ellos únicamente tienen la facultad de sancionar faltas no graves, pero de detectar algunas graves, son remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. “Entre 10 o 15 asuntos de faltas graves enviamos al año al Tribunal, sobre todo, por conflicto de intereses (nepotismo) al ingresar a sus familiares en nómina.
Finalmente, indicó que el 50% de las denuncias las presenta la ciudadanía y el 50% restante son propios servidores públicos, comúnmente del mismo ayuntamiento.